Gabriel Marclé
La avanzada del Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría encontró en el sur cordobés un foco de resistencia política que excede el reclamo técnico o tarifario y replicó la postura adoptada desde el Gobierno de Córdoba. La reunión encabezada en Río Cuarto por intendentes y defensores del pueblo de distintos puntos de la región dejó una postal que el cordobesismo buscará explotar en la previa del debate legislativo previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados: la de los jefes territoriales exigiendo respuestas a los representantes libertarios que deberán votar una reforma con impacto directo sobre millones de usuarios del interior.
La convocatoria impulsada desde la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto sirvió para consolidar una postura común frente al proyecto que impulsa la administración de Javier Milei y que, según advierten desde el interior cordobés, implicará aumentos considerables en las facturas de gas para localidades alcanzadas actualmente por el beneficio. “No encontramos fundamentos técnicos ni económicos en el proyecto”, dijo al respecto Daniel Frangie, Ombudsman de la capital alterna en un encuentro que dejó una lectura política inevitable: el intento de exponer a los diputados nacionales de La Libertad Avanza frente a sus propios votantes.
La frase que sintetizó esa intención fue pronunciada por el intendente riocuartense, Guillermo De Rivas, quien reclamó públicamente que los legisladores libertarios den sus argumentos si deciden acompañar la iniciativa del Gobierno. “No muchas veces se ha escuchado a los representantes libertarios explicar por qué votan y cómo votan”, señaló el mandatario, en un mensaje dirigido especialmente hacia las diputadas cordobesas Laura Soldano y Belén Avico, de quienes se espera un voto favorable para la reforma.
De Rivas insistió en el rol de las legisladoras de LLA y planteó que “más allá de defender una política nacional de ajuste, hay que representar los intereses de Córdoba”. El mensaje tuvo una clara lógica territorial: obligar a quienes responden políticamente a la Casa Rosada a posicionarse frente a una medida impopular en buena parte del interior provincial. Pero, también, comprometer a las representantes de la ciudad en el Congreso frente al electorado cordobés que las llevó a ocupar ese lugar y que deberá reevaluar su apoyo al proyecto libertario.
En la misma línea se expresó el intendente de Sampacho y presidente de la Comunidad Regional Río Cuarto, Franco Suárez, quien directamente emplazó a los legisladores nacionales a definir prioridades. “Digan si van a defender a los cordobeses o a su espacio político”, lanzó el jefe municipal sobre el lugar de Río Cuarto en el Congreso.
Tras la reunión, los Defensores e intendentes dieron a conocer un escrito que presentarían a las diputadas libertarias con datos sobre el efecto de la medida que se votará. Del otro lado no acusaron recibo y no hubo declaraciones oficiales. Eso sí, Soldano habló en el por ahora único canal de comunicación que tiene: las redes.
La legisladora compartió en redes sociales publicaciones vinculadas a la narrativa oficialista que presenta la reforma como una corrección de una medida “kirchnerista” ineficiente y distorsiva, aunque lo más llamativo fue una imagen compartida donde la diputada le consulta a la inteligencia artificial Grok si Río Cuarto debería ser Zona Fría, a lo que el asistente contestó “no” debido a que las temperaturas mínimas no son extremas. Esa respuesta parece darle a la legisladora libertaria el argumento central para justificar su voto.
Casi inmediatamente después de ese posteo, el gobernador Martín Llaryora también se refirió al caso de la capital alterna. “Que vengan a Río Cuarto a ver si no hace frío”, ironizó el mandatario provincial en declaraciones a LV16 al referirse a la argumentación libertaria, aunque esta surja de una diputada que habita en la ciudad.
En paralelo, el episodio también abrió un nuevo frente de incomodidad para el armado libertario en Río Cuarto. Particularmente para el concejal Gabriel Abrile, quien semanas atrás oficializó su incorporación a La Libertad Avanza y que ahora queda indirectamente envuelto en una discusión que el oficialismo local buscará territorializar.
El médico, presidente del bloque de concejales de Primero Río Cuarto que adoptó un perfil más cercano al mileísmo, evitó pronunciarse sobre el tema hasta el momento. Asimismo, en el Palacio de Mójica descuentan que el debate llegará al Concejo Deliberante durante la sesión de este jueves, cuando el oficialismo impulse algún pronunciamiento institucional vinculado al rechazo de la reforma.
La situación contiene además un componente político adicional: la Defensoría del Pueblo que encabezó la convocatoria fue, años atrás, uno de los espacios impulsados políticamente por el propio Abrile, quien promovió la figura de Daniel Frangie como defensor del Pueblo. Hoy, esa misma estructura institucional aparece liderando un reclamo que incomoda al dirigente recientemente incorporado al espacio libertario y que lo ubica bajo presión frente a un tema con fuerte sensibilidad regional, en momentos en que el dirigente comenzó a proyectarse dentro del esquema libertario local con miras al 2028.
En cuanto al comunicado difundido por los firmantes recalcaron que su postura es “uniforme, técnica y jurídicamente fundada”. Sostienen que el régimen actual, bajo la Ley N.º 27.637, “constituye una garantía de acceso equitativo a la energía que no puede ser desmantelada sin vulnerar los derechos constitucionales y convencionales de los usuarios”.
En ese sentido, recordaron que la inclusión de la región fue el resultado de años de gestiones y respaldo técnico, por lo que la derogación pretendida por el Ejecutivo implica “retroceder a una situación de inequidad insostenible”.
Al analizar las consecuencias concretas del proyecto oficialista, las autoridades advierten sobre un escenario crítico para la economía doméstica. El texto destaca que se producirá una “pérdida total del diferencial tarifario para todos los usuarios residenciales de la región, sin distinción de nivel de ingresos”, lo que provocará un «aumento del costo del gas estimado entre el 42% y el 100%, impactando de manera más severa en los meses invernales de mayor consumo”.
Según explicaron, este incremento afectará con dureza a las familias trabajadoras de ingresos medios, pero golpeará de forma dramática a los sectores más vulnerables, representando “la diferencia entre permanecer por encima o caer por debajo de la línea de pobreza”.
