Gabriel Marclé
La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante volvió a mostrar una dinámica que el oficialismo viene repitiendo desde el inicio de la gestión de Guillermo De Rivas: absorber iniciativas impulsadas por la oposición, incorporar modificaciones y convertirlas en proyectos de consenso. Esta vez ocurrió con dos ordenanzas de alto impacto simbólico, vinculadas a la transparencia y los controles sobre la función pública, que fueron aprobadas por unanimidad y le permitieron a Hacemos Unidos exhibir una nueva victoria política en materia institucional. Claro, la oposición también jugó su parte y pujó por el protagonismo.
La primera de ellas actualiza el régimen de antecedentes penales para funcionarios políticos y trabajadores municipales. La normativa obliga a presentar los certificados nacionales y provinciales de antecedentes penales, acreditar la inexistencia de deudas alimentarias mediante el registro correspondiente y renovar toda la documentación cada dos años mientras dure el vínculo con el Estado municipal.
Aunque el texto definitivo fue impulsado por el oficialismo, el debate tuvo un ingrediente político inevitable: la oposición recordó que la discusión había sido instalada meses atrás por Primero Río Cuarto. El bloque opositor buscó dejar en claro que la exigencia de antecedentes penales nació como una iniciativa propia y celebró que finalmente el Ejecutivo y el oficialismo decidieran avanzar sobre ese camino.
Desde Hacemos Unidos evitaron alimentar esa disputa y optaron por destacar el consenso alcanzado. La estrategia no fue casual. En lugar de confrontar sobre el origen del proyecto, el oficialismo priorizó quedarse con la imagen de una fuerza capaz de convertir una propuesta opositora en una política pública respaldada por todo el cuerpo deliberativo, desactivando así cualquier intento de que la oposición monopolizara el crédito político que despertó tras el impacto del caso Agostina Vega en Córdoba capital.
Asimismo, en la bancada de Primero Río Cuarto, recientemente asociada con La Libertad Avanza, buscaron despegar el proyecto de cualquier lectura coyuntural. El presidente del bloque, Guillermo Abrile, sostuvo que la iniciativa “no nació del oportunismo ni de la coyuntura”.
La segunda ordenanza incorporó la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para quienes ejerzan cargos políticos dentro del Municipio, tanto electivos como designados. La norma establece que el certificado deberá presentarse dentro de los treinta días posteriores a la asunción y renovarse anualmente durante el ejercicio de la función.
Si bien el proyecto también obtuvo respaldo unánime, el narcotest concentró las principales observaciones técnicas de la oposición. El concejal de Primero Río Cuarto, Pablo Benítez, advirtió durante el debate que la ordenanza todavía presenta “un vacío de un manual de procedimiento claro y operativo”, al señalar que la futura implementación requerirá precisiones respecto de los protocolos, los mecanismos de actuación y las eventuales consecuencias ante resultados positivos.
Aun así, desde el bloque opositor eligieron acompañar la iniciativa. La postura fue la de reconocer que los aspectos operativos podrán perfeccionarse durante la reglamentación sin resignar una herramienta que consideran positiva. “Logramos consensuar una herramienta valiosa para toda la ciudadanía”, sintetizaron desde la bancada, reivindicando además haber contribuido al debate que permitió arribar a un texto común.
Más allá del contenido específico de ambas normas, la sesión dejó una conclusión política favorable para el oficialismo. Hacemos Unidos consiguió convertir una agenda potencialmente incómoda —especialmente el proyecto sobre antecedentes penales, impulsado originalmente desde la oposición— en una demostración de consenso institucional. En lugar de rechazar o dilatar las propuestas, optó por incorporarlas a su propia agenda legislativa y aprobarlas con el acompañamiento de todos los bloques.
