Javier Boher
Sin contratiempos legislativos como los que tuvo antes de las elecciones del año pasado, por ahora el gobierno respira tranquilo. Está sufriendo los embates de la oposición en los medios y en las redes, pero nada de eso hace peligrar sus alianzas en el Congreso, las que le llegaron a dar números del 80% de los miembros del Senado para darle cinco años más al juez Mahiques como vocal de la cámara de casación penal.
Un poco por su mal momento ante la opinión pública y otro porque sabe que los números están es que se han largado a tratar de recuperar terreno en la batalla cultural, ese campo simbólico en el que es importante definir sobre qué y cómo se discute. De los dos enemigos absolutos de los libertarios, en esta ocasión han elegido avanzar sobre el etiquetado frontal, dejando a las ciclovías o bicisendas para otro momento.
Desde el mismísimo momento de la sanción de la ley (allá por 2021, con un congreso que se estaba yendo producto de la brutal paliza que había recibido el kirchnerismo en las urnas) hubo numerosos sectores que presentaron sus quejas. Por supuesto que las empresas productoras de alimentos fueron las primeras, pero también algunas organizaciones de consumidores y partidos políticos.
La principal queja que se le hace a la ley es que no dejó lugar para la negociación de umbrales o estándares de medida, con una rigidez exagerada que hace difícil que cumpla incluso con su objetivo. Además de esa cuestión “técnica”, lo importante es que la norma no puede resolver toda una serie de problemas que son mucho más profundos que un par de octógonos negros en un paquete.
El planteo central de los defensores del sistema actual es que ahora la gente tiene información más clara, lo cual no es del todo cierto, ya que si todo tiene octógonos es como si nada lo tuviera. Supuestamente la gente elige comer de manera más saludable al ver esas marcas, aunque la realidad es que las empresas van a acomodar los ingredientes a las necesidades de eliminar los octógonos, no a la de hacer productos más saludables.
Hace unos meses tuve un intercambio muy valioso con un defensor del sistema. El planteo era muy básico, pero real: solamente te dice qué tiene (o no tiene) aquello que los médicos te han indicado que debés evitar. Así, si sos hipertenso te viene bien saber que tiene mucho sodio y no te importa si tiene muchas grasas. Es el único argumento favorable a la ley que me he cruzado en todo este tiempo que tiene sentido, el resto es un rejunte de supuestos, creencias y voluntarismo.
Soy tan categórico en esto último porque la ley no resuelve los problemas más graves detrás de la mala alimentación, que son una mala situación económica crónica (que dificulta comprar alimentos de calidad y tener los medios para conservarlos y cocinarlos) y un sistema educativo en el que no se enseñan cuestiones básicas de nutrición y alimentación saludable (una utopía si nos guiamos por el hecho de que salen de la escuela sin leer ni escribir bien).
Así, el problema de la alimentación está más que nada en los incentivos que se le ofrecen a la gente, porque comer con octógonos es más barato y más rico que comer saludable. No hay excusas en el lobby de las grandes productoras de alimentos si el Estado no elimina todos los gravámenes a los productos que prefiere que la gente consuma. Si un jugo natural y una gaseosa tienen la misma carga impositiva, es lógico que la gente elija el más barato, que siempre es la segunda.
La alimentación saludable no puede ser una cuestión que dependa de los partidos y sus ideologías, atacando o defendiendo leyes y prácticas solamente por la adscripción a alguna causa política, pero tampoco es una cuestión que se pueda resolver con discursos y pensamiento mágico. Sin atacar las causas que están en la base del problema, no va a haber octógonos que puedan frenar la ganas de la gente de comer azúcares, grasas y todo eso que es mejor evitar.
