Felipe Osman
El pasado jueves, Javier Milei informó, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una nueva baja en las retenciones agropecuarias, llevando las del trigo y la cebada de 7,5 al 5,5 por ciento, y anunciando, a partir de enero, una reducción mensual de entre el 0,25 y el 0,5 por ciento para las exportaciones de soja hasta su total eliminación, “si Milei es relecto”.
No fue la única novedad de peso de la semana. Días antes, el bloque libertario en el Senado ingresó el proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles que propone reemplazar el régimen vigente por un esquema más desregulado, y establece un aumento progresivo del corte obligatorio, que en el biodiésel pasaría del 7,5 al 10 por ciento, y en el bioetanol del 12 al 15 por ciento, habilitando además mezclas superiores y el ingreso al mercado argentino de vehículos “flex fuel”, capaces de funcionar con altos porcentajes de etanol.
En otras palabras, el Gobierno Nacional disputa dos banderas históricas, centrales en la dogmática del cordobesismo, e indispensables en su caja de herramientas a la hora de construir filípicas de campaña contra el Gobierno Central.
Ahora bien, si este fuera el asunto, no estaríamos tan lejos de la dinámica habitual: dos espacios políticos en disputa que intentan maximizar los costos del adversario (verbigracia: Zonas Fría) y limitar su poder de fuego tomando para sí algunas de sus consignas (verbigracia: rebaja de impuestos provinciales). Pero puede que estemos ante algo más importante.
La rebaja progresiva de las retenciones agropecuarias anunciadas por Milei y una nueva Ley de Biocombustibles (que viene con la novedad de abrir la puerta del mercado argentino a rodados que podrían estabilizar varios escalones arriba la demanda de estos combustibles), si bien se ve, no llegan en soledad.
Antes, el Gobierno Nacional ha realizado otros anuncios que inciden en la zona núcleo del país, como la reducción progresiva de retenciones a la industria automotriz, la eliminación de los derechos de exportación a los productos agroindustriales, la reducción de los aranceles de importación de neumáticos, fertilizantes y herbicidas, la baja impuestos a la importación de maquinarias y herramientas industriales, la eliminación de restricciones a la exportación cárnica, por mencionar algunas de ellas.
Entonces, ¿hay en marcha un plan libertario para corresponder a los sectores productivos que lo acompañaron en la Región Centro?
Los libertarios, probablemente, no se sientan cómodos con el término “plan productivo”. En su manual de vuelo, el sector privado no necesita del Estado programas de fomento ni promociones industriales, sino simplemente que evite interferir en su ecuación.
Hecha la aclaración, no dudan en afirmar -Gabriel Bornoroni a la cabeza- que el Gobierno Nacional hace y hará todo lo necesario para que el Estado deje de representar un “lastre” para la autonomía de los privados. Para “desatar las cadenas” que limitan la potencialidad de la región, en la que ven al corazón productivo del país.
Son amenazas de fondo a un modelo cordobesista de integración público-privada, que de seguro ocuparán el análisis en las altas esferas del Gobierno Provincial.
