Carolina Biedermann
La licencia de Ramón “Cañito” Flores, hasta ayer, parecía haberle puesto un punto final a la crisis que atraviesa el oficialismo en la Legislatura. Horas después de que en el recinto se aprobara su apartamiento con 34 votos a favor, la declaración de la senadora Alejandra Vigo, volvió a poner en escena la situación.
Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y presidenta del PJ Capital, dijo en una entrevista con Cadena 3 que Flores debería dejar su banca. La definición repercutió dentro del bloque oficialista y en el Panal, porque no se trata de una opinión más dentro del peronismo. Por el lugar político que ocupa, y su peso dentro del esquema partidario, sus palabras fueron interpretadas como una señal que empuja a Flores a la renuncia.
Según pudo reconstruir Alfil a partir de fuentes legislativas, en el peronismo comenzó a tomar fuerza la idea de que la situación difícilmente pueda extenderse hasta la próxima sesión sin una definición de fondo. En ese escenario, crece la posibilidad de que el oficialismo pretenda llegar a la próxima semana con la renuncia del legislador del departamento de Río Seco.
Con el paso de las horas, se empiezan a conocer más detalles del proceso. Según cuentan fuentes legislativas, la reunión del bloque oficialista previa al pedido de licencia aparecieron posiciones encontradas sobre cómo debía actuar el PJ frente al caso. Una parte de los legisladores no estaba dispuesta a sostener la licencia y consideraba que el oficialismo no estaba en condiciones políticas de resistir el desgaste que implicaría prolongar la situación.
Flores no está imputado ni tiene causas judiciales abiertas en su contra. La crisis política se desató por la situación judicial de quien integraba su entorno de trabajo, y las causas satélite que sacudieron a su despacho en el último año. Sumado a esto, la intervención pública, con el peso de Vigo.
El bloque de la Unión Cívica Radical anticipó que en la sesión de la semana que viene volverá a pedir el tratamiento del proyecto para excluir a Flores de la Legislatura, mediante la aplicación del artículo 99 de la Constitución Provincial.
Para el radicalismo, el apartamiento temporal aprobado por el oficialismo no alcanza, y sostienen que el caso afecta institucionalmente a la Legislatura.
