Javier Boher
En ocho años, ocho mujeres vulnerables fueron asesinadas y descartadas como nada en Córdoba”, tal el título de una nota de La Voz del Interior salida en noviembre del año pasado a raíz del homicidio de Camila Merlo. Me crucé con la nota porque recordaba parte del caso.
La cuenta, si bien es acertada, extiende demasiado el periodo de tiempo, porque el noveno caso -el de Agostina Vega- es el tercero en menos de un año: además de los dos ya mencionados, en julio de 2025 apareció la cabeza de Brenda Torres en la zona del Kempes. Podemos sumar un cuarto caso, el de Milagros Basto, que fue encontrada asesinada en un placard después de haber estado desaparecida desde agosto de 2024.
De las nueve mujeres asesinadas en nueve años, tres pasaron por eso en los últimos once meses. Parece menor, pero la estadística cambia radicalmente si lo vemos de ese modo.
Todos los casos tienen el mismo contexto de marginalidad, vulnerabilidad, drogas y violencia, un combo explosivo y creciente en la ciudad de Córdoba y sus alrededores.
El caso tuvo trascendencia nacional por sus ribetes truculentos, con todos los condimentos necesarios para que se hable del mismo. Hay subtramas que se combinan con un partido que lleva tres décadas en el gobierno, un ministro de alto perfil y una percepción social de que se vive con menos seguridad que hace unos años.
Este es un caso que tiene muchas aristas que no se inscriben en un femicidio tradicional, de allí que cuando muchos salieron a decir que esto es parte de la violencia machista están simplificando la trama y favoreciendo la simplificación y posterior olvido de todo. Si los que matan mujeres lo hacen solo porque son mujeres, no vale la pena investigar el resto de las variables implicadas.
Uno de esos puntos es el manejo del aparato del Estado y la dinámica de meter lúmpenes para hacer crecer la estructura de punteros pagados con plata pública. Son servidores urbanos, contratados, empleados de los playones que se derrumban, naranjitas o cualquier otra figura con la que todos los ciudadanos pagan la militancia de un partido político específico que no se puede nombrar porque al final lo que pasó es “una deuda de la democracia”.
Sobra Estado, pero parece que nunca alcanza, quizás porque el ingreso al mismo no es por idoneidad. La nena llevaba tres semanas sin ir a la escuela. ¿Se activó el famoso protocolo de vulneración de derechos?¿A nadie le llamó la atención?
Podría extenderme sobre los medios de comunicación y el papel lamentable de los oportunistas que trataron de sacar provecho de la situación (sobreactuando indignación y esperando conseguir la cabeza del fiscal o el ministro, como si una eventual dimisión resolviera algo), pero no hace falta.
Se puede creer en la política realista y la acumulación de poder a toda costa, pero deben existir ciertos límites morales para evitar la degeneración de imbricar la delincuencia con el Estado. Me encanta la política, pero no quiero asomarme al oscuro pozo de drogas, narcos, barras, políticos inescrupulosos, sindicatos, arreglos con los medios, violencia y marginalidad en el que se ha convertido, donde todo está permitido para hacer crecer las redes clientelares. La mayoría de la gente prefiere ignorar que esas cosas pasan a su alrededor y le pelea al colapso social y político metiéndose en la burbuja del colegio privado, el barrio cerrado, la iglesia evangelista o cualquier organización que “saque a los chicos de la calle”. Lo lógico sería tratar de recuperar la calle de las manos de estos bandidos que se roban la tranquilidad, pero no parece que pudiera ocurrir, al menos mientras se siga cayendo en qué hacía la nena, la condición de varón heterosexual del homicida y la búsqueda de un pequeño rédito político por alguna cuenta pendiente.
Tres mujeres descuartizadas en menos de un año y en un contexto de marginalidad creciente son algo mucho peor y más grave que una muy mala estadística; son una horrible realidad que vamos a naturalizar por seguir buscando a quién echarle la culpa.
