La mano alzada expondrá a los concejales del bloque PJ

La sesión ordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba tendrá un ingrediente que excede la agenda habitual. Los bloques de la UCR, el Frente Cívico, Cordobeses por la Libertad y el PRO avanzarán con un pedido de apartamiento para el concejal Ricardo Moreno, en medio de la causa de Agostina Vega.

Más allá de las posibilidades concretas de que prospere el planteo opositor, el dato político está en otro lado. La votación será a mano alzada, una modalidad que obligará a cada concejal a exponer públicamente su posición sobre uno de los temas más sensibles que atraviesa hoy a la política local.

El oficialismo cuenta con mayoría en el recinto como para rechazar la iniciativa. Sin embargo, la oposición apuesta a transformar la discusión en una prueba política para el peronismo local, que deberá decidir si respalda a Moreno o toma distancia de un dirigente que quedó bajo cuestionamiento tras conocerse detalles de su relación profesional con Alejandro Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega, la menor que fue brutalmente asesinada en barrio Cofico.

Según expresaron los bloques opositores en un comunicado conjunto, el pedido de apartamiento se fundamenta en una "gravísima falta ética". Sostienen que Moreno actuó como abogado defensor de Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad tramitada durante 2025, y así mismo habría sostenido su permanencia como becario en la municipalidad, a quien también lo habría esperado un contrato 08 listo, para su condición laboral.

Además, cuestionan que, tras la desaparición de Agostina Vega, haya puesto a disposición de la defensa su estructura jurídico-familiar.

Para la oposición, la situación configura un conflicto de intereses incompatible con la función pública. "Moreno ejerció simultáneamente su rol institucional como concejal y su actividad privada como abogado defensor de un empleado del mismo Estado que integra", remarcaron.

El planteo llega después de varios días de creciente presión pública sobre el edil, alimentada por sus propias declaraciones respecto de los vínculos laborales que Barrelier mantuvo con el Estado, en las últimas horas. En ese contexto, el caso dejó de circunscribirse a la esfera judicial para convertirse en un problema político de primera magnitud para el oficialismo municipal y por supuesto, provincial.

A partir de estos argumentos, principalmente éticos, el jueves la discusión estará centrada en la continuidad o no de Ricardo Moreno, pero también quedará expuesto el oficialismo municipal, por la posición que tome cada uno en una votación pública, a mano alzada, dejando registro público de su posición, en uno de los casos de mayor impacto social de los últimos tiempos.