Felipe Osman
Quizá uno de los tantos (tantísimos) efectos colaterales del ‘caso Agostina’ sea la repentina fama del Ente de Fiscalización y Control, del que el 99 por ciento de los cordobeses jamás había oído hablar hasta que la clausura del bar ‘Wachitas’ tomó la escena por haber sido, a la vez, el lugar de trabajo de Soledad Andreani, supuesta encubridora de Claudio Barrelier, y la pantalla de un (también) supuesto prostíbulo, cuando no un nodo de trata.
A partir de ello, el Ente de Fiscalización y Control se volvió una oficina tristemente célebre entre los vecinos por no haber clausurado antes el lugar. Y su director ejecutivo, Ezequiel Hormaeche, ofreció explicaciones ante el Concejo Deliberante.
En ellas señaló, fundamentalmente, dos asuntos: el primero, que -al menos en los papeles- ‘Wachitas’ había sido correctamente habilitado, fiscalizado, clausurado y vuelto a habilitar; el segundo, que el ENFyC estaba sumamente condicionado por la falta de colaboración del Suoem y de “el octavo piso”, una suerte de eufemismo para referirse a las oficinas de Habilitación de Negocios.
En concreto, lo que Hormaeche señalaba era que tanto el sindicato municipal como estas reparticiones se esmeraban en coartar el funcionamiento del ente, resistiendo el pase de empleados del Palacio 6 de Julio a las oficinas de calle Sucre y sustrayendo del control de las autoridades expedientes vinculados al control de determinados locales.
La gestión, que desde la pospandemia ha declamado el fin del cogobierno con el Suoem, no aclaró cuál sería el plan de acción para desmontar la resistencia del “octavo piso”. Dejó ese asunto en un cajón, y avanzó con la creación de la “Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública”, para la fiscalización nocturna en la ciudad.
Sin embargo, y siempre que la Unidad Ejecutora es un organismo creado ad hoc para relevar las habilitaciones de los últimos años, pero no para sustituir al ente, saber qué sucederá con el octavo piso no deja de suscitar interés.
En ese tren, se conoce también que otro sindicato, el Suteaep, ha avanzado, en los últimos meses, para hacerse con la representación de los trabajadores del ente, y ha denunciado encontrarse con la resistencia de Hormaeche.
Hasta ahí no hay demasiada novedad. El director ejecutivo del ENFyC bien podría considerar que el organismo trabajaría mejor sin un sindicato que, llegado el caso, podría convertirse en un nuevo Suoem. Pero el asunto cambia cuando se presta alguna atención a las denuncias del Suteaep.
Según este novel sindicato, la resistencia del funcionario no estaría determinada su recelo contra el Suteaep, sino por un hipotético acuerdo con el Suoem.
Sin tomar ni descartar la versión del sindicato, vale la pena repasar la secuencia que enuncia para sostener su acusación.
En primer lugar, teje sospechas respecto de que Leonela Murua revista, a la vez, la condición de jefa de la Oficinas de Habilitaciones y secretaria gremial de las áreas administrativas dentro de la conducción del Suoem.
En segundo término, asegura que el puñado de inspectores que efectivamente ha pasado de la subsecretaría de Fiscalización y Control al ente lo ha hecho sólo después de tener el visto bueno del sindicato, y asegura que en la secretaría de Gobierno hay varios expedientes de inspectores que quieren emigrar a las oficinas de calle sucre pero que no lo consiguen por no obtener su conformidad.
Y el último lugar, para completar, denuncian que buena parte de los agentes que sí lograron cruzar de la Municipalidad al ente aparecen mencionados en el expediente por habilitaciones truchas popularmente conocido como “la causa de Bomberos”.
Son acusaciones de peso que, llegado el caso, deberán sostener, y que echan un manto de duda al respecto de cuán profunda aspira a ser la reformulación de las áreas de Fiscalización, y cuán real es aquella declamada máxima del final de cogobierno.
