Bettina Marengo
Luis Juez se metió de lleno en el proceso de selección del juez o jueza electoral provincial que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, cuyos próximos pasos son la presentación de antecedentes de parte de los concursantes que aprobaron el examen y las entrevistas personales con los consejeros.
El senador, que como tal integra el Consejo de la Magistratura nacional, pidió por carta a la titular del Consejo Provincial, la vocal del TSJ María Marta Cáceres de Bollati, que disponga la filmación y transmisión de las entrevistas de los aspirantes con los integrantes del Consejo, a fin de evitar parcialidades y arbitrariedades producto del “secretismo” de los interrogatorios. El modelo propuesto por el dirigente es el del organismo nacional, que videograba las secuencias y las pone online. Si no hay filmación y transmisión, Juez adelantó que sus legisladores no darán acuerdo al pliego que envíe Llaryora para su aprobación.
El reclamo del líder del Frente Cívico no tuvo eco en el organismo que designa y remueve jueces, desde donde replicaron extraoficialmente que “la ley no permite” la filmación de las entrevistas y sostuvieron que para garantizar transparencia “están los veedores del propio Consejo y del Colegio de Abogados”.
El Frente Cívico no presentó candidatos propios en el concurso “para no quemar profesionales”, según la explicación de referentes del espacio que manifestaron sospechas de favoritismos a la hora de las entrevistas que tienen alta puntuación en el total del proceso. “Son dirimentes”, afirmaron y esperaron esta instancia para intervenir, en el marco de la fuerte crítica que el senador suele dispensarle a Cáceres de Bollati por su origen como exfuncionaria del PJ provincial. “De no ser así y optarse por la continuidad del ocultismo habitual en las entrevistas personales, en un tema de semejante trascendencia institucional, los Legisladores del Frente Cívico no prestarán acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo, que quedará envuelta, una vez más, en la bruma del favoritismo”, advirtió el senador.
Como este diario informó, tras los exámenes anónimos y codificados, solo quedaron en camino 17 de los 53 interesados que rindieron la prueba el 6 de junio pasado. Los bochados supieron el sábado pasado que no habían llegado a los 20 puntos, pero los aprobados no saben si lo hicieron con 21 o con 39 de los 40 máximos de la prueba. Según el juecismo, esto también conspira contra la transparencia del proceso ya que aumenta la discrecionalidad del puntaje final.
“Las entrevistas personales no pueden estar resguardadas por el secretismo , toda vez que ello impide el control de imparcialidad y objetividad, que exige todo concurso y, con mayor énfasis el del órgano jurisdiccional, custodio de los procesos electorales provinciales y municipales”, señaló Juez, quien en su carta afirmó que, de no difundirse las entrevistas,”a algún afortunado se lo puede interrogar sobre el clima y a otro menos igual, acerca del derecho electoral comparado en Moldavia”. ”Quiero pensar que nada costará a la Sra. Presidenta y al Consejo de la Magistratura, implementar lo que pido, privilegiando la transparencia democrática”, azuzó el dirigente.
