Carolina Biedermann
La comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de ley Antibúnker se reunió y acordó un texto consensuado entre el oficialismo, la UCR y el PRO, que será el que llegue al recinto para su tratamiento. El despacho mantiene el espíritu de la iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora para intervenir inmuebles utilizados como “búnkeres”, guaridas o aguantaderos del delito, pero incorpora modificaciones destinadas a fortalecer las garantías constitucionales y evitar cuestionamientos sobre posibles excesos de la vía administrativa.
Finalmente la reunión entre los bloques terminó en consenso y se limaron asperezas bajo la voluntad de llevar adelante un proyecto acordado. De los principales cambios ajustados remarcan en dejar en claro que el abandono o la falta de mantenimiento de un inmueble no será motivo suficiente para una intervención del Estado. El nuevo texto establece que deberán existir “condiciones objetivas y verificables” que acrediten un riesgo cierto, concreto y actual para la seguridad pública o la convivencia ciudadana, o bien una utilización reiterada del inmueble para actividades delictivas.
La llegada de Juan Manuel Llamosas a la Unicameral es remarcada por los bloques en general como alguien de diálogo y consenso. Le atribuyen a su intervención, parte del mérito de resolver diferencias, separar la puja partidaria de los desafíos de resolver temas administrativos legislativos.
Puntualmente, para este texto acordado, resaltan que en material legal, delimita cuándo corresponde la actuación administrativa y cuándo el caso debe pasar obligatoriamente a la Justicia. Así, si existe ocupación efectiva del inmueble, conflicto de derechos, necesidad de un desalojo compulsivo o medidas de mayor intensidad, la autoridad administrativa deberá remitir inmediatamente las actuaciones al Poder Judicial.
El proyecto en el que se avanzó diferencia las herramientas administrativas de las judiciales. Las primeras tendrán carácter preventivo, temporal y proporcional e incluirán medidas como intimaciones, tapeos, clausuras provisorias, cerramientos, bloqueos reversibles de accesos o custodia preventiva. En cambio, decisiones de mayor impacto, como demoliciones, desalojos o restituciones de inmuebles, solo podrán ser ordenadas por un juez.
El texto también incorpora nuevas garantías, como por ejemplo, los propietarios, poseedores o tenedores deberán ser notificados de las actuaciones y contarán con un plazo para presentar descargos o proponer alternativas antes de que se adopten medidas definitivas. Además, cada intervención requerirá informes técnicos previos, deberá estar fundada y podrá ser impugnada mediante los recursos administrativos previstos por la legislación provincial.
Entre las nuevas incorporaciones aparece la obligación de contemplar la situación de personas vulnerables que pudieran verse afectadas por una intervención, dando participación a las áreas sociales correspondientes cuando sea necesario. En síntesis, la aplicación no es tan sencilla como se evaluaba en los textos base del inicio de la creación de la normativa.
El proyecto incorpora también mecanismos de participación ciudadana mediante canales oficiales para denuncias y reportes sobre inmuebles sospechados de funcionar como búnkeres o aguantaderos, con resguardo de la identidad de quienes aporten información cuando existan razones de seguridad.
El texto explica a además que, cuando existan indicios suficientes de que un inmueble funciona como punto de venta de drogas, será el juez quien podrá ordenar medidas de mayor intensidad, como demoliciones o desalojos.
Con estas modificaciones, los legisladores avanzaron en redactar un texto con mayores consensos políticos y técnicos antes de que bajen al recinto. El proyecto sostiene el objetivo de darle al Estado herramientas para recuperar inmuebles utilizados por organizaciones delictivas, aunque también marca límites al accionar administrativo.
