Gabriel Marclé
La discusión por la continuidad de la Terminal de Ómnibus terminó convirtiéndose en un inesperado desafío político para el Gobierno de Guillermo De Rivas. Más allá de garantizar un servicio que nadie pone en discusión, el oficialismo enfrenta otro objetivo: evitar que el debate consolide el relato opositor sobre una supuesta falta de planificación.
Ese equilibrio volvió a ponerse sobre la mesa en la reunión de comisión realizada este jueves, la cual contó con la presencia del subsecretario de Tránsito y Transporte, Osvaldo Pringles, y del coordinador Matías Paloma. Allí comenzó a delinearse el escenario para una eventual aprobación del proyecto de prórroga de la concesión, fundamentando la situación económica del transporte y la posición de los encargados de la Terminal acerca de la imposibilidad de continuar en las condiciones actuales.
En el oficialismo aseguran que el objetivo sigue siendo sostener la iniciativa bajo las condiciones planteadas originalmente, aunque admiten que existe margen para introducir modificaciones que fortalezcan el consenso político. No es casual. En el Palacio de Mójica recuerdan que uno de los principales activos políticos de la gestión ha sido el nivel de consenso alcanzado en el Concejo Deliberante. Cerca del 90% de las iniciativas del Ejecutivo fueron aprobadas por unanimidad, un dato que De Rivas suele exhibir como sello de gestión.
Por eso, el oficialismo evita mostrarse inflexible. Incluso deslizan que "no hay apuro" para votar la iniciativa y que, antes que acelerar los tiempos, prefieren robustecer el proyecto con aportes que permitan desactivar parte de las críticas. Aun así, la expectativa sigue siendo llevar el expediente al recinto durante la sesión de la próxima semana.
Mientras tanto, la oposición también acomoda su estrategia. Primero Río Cuarto, el espacio referenciado en Gabriel Abrile, presentó un proyecto para incorporar una mesa de trabajo integrada por el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el Instituto Municipal de Planificación Urbana, colegios profesionales y otros actores con el objetivo de comenzar a definir el futuro de la Terminal.
La iniciativa también funciona como un resguardo político. El bloque había quedado expuesto después de acompañar el intento fallido de tratamiento sobre tablas del proyecto oficial y, pocos días después, endurecer su discurso contra el Ejecutivo.
Desde ese espacio sostienen que "la falta de planificación del Gobierno Municipal llevó a que hoy estemos discutiendo una nueva prórroga", aunque reconocen que la ciudad "no puede quedarse sin este servicio esencial". Por eso acompañan la continuidad de la concesión, pero buscan dejar asentado que la extensión debe convertirse en "el último parche" antes de discutir una solución definitiva.
Una posición similar adoptó La Fuerza del Imperio del Sur. El bloque nazarista también se inclina por acompañar la prórroga, aunque aprovechando el debate para remarcar cuestionamientos sobre la planificación de la gestión.
Quien elevó todavía más el tono del debate fue la concejal radical Antonella Nalli. Distanciada tanto del oficialismo como del sector radical que mantiene acuerdos con La Libertad Avanza, propuso suspender durante 90 días el tratamiento del expediente y convocar a una audiencia pública para escuchar a instituciones, profesionales y vecinos antes de avanzar con cualquier definición. "Planificar es gobernar con responsabilidad. Río Cuarto merece decisiones que miren más allá de la urgencia", planteó.
En el oficialismo consideran que la postura de Nalli representa, por ahora, la única resistencia concreta a la construcción de un acuerdo amplio. Sin embargo, descartan que pueda alterar el desenlace de una iniciativa que, descuentan, terminará cosechando respaldo mayoritario.
Detrás de esa búsqueda de consensos aparece también una lectura política de mediano plazo. La prórroga propuesta extiende la concesión por tres años, con posibilidad de un cuarto, un plazo que reconoce implícitamente que una redefinición integral de la Terminal difícilmente ocurra durante el actual mandato de De Rivas.
En ese contexto, el Ejecutivo intenta transformar una medida de coyuntura en el punto de partida para un debate de fondo. La concesión garantizaría la continuidad del servicio mientras se abre una ventana para discutir el futuro emplazamiento, el modelo de gestión y las características de una nueva terminal, un proyecto que podría terminar formando parte de la agenda de una futura agenda electoral.
A las claras, la discusión excede a la Terminal. El expediente podrá resolver la continuidad del servicio, pero también empieza a marcar cómo oficialismo y oposición pretenden disputar el relato de la planificación de la ciudad de cara a 2028.
