Julieta Fernandez
A comienzos de este mes, el intendente Guillermo De Rivas celebró su 2° aniversario de gestión con la aprobación al unísono de dos ordenanzas: el control periódico de antecedentes penales para quienes mantengan un vínculo laboral con el Municipio y la obligatoriedad del narcotest para funcionarios. La primera iniciativa fue impulsada por el bloque Primero Río Cuarto a partir del femicidio de Agostina Vega en Córdoba y su impacto en la Municipalidad de la Capital, ya que el principal acusado era trabajador municipal y contaba con graves antecedentes de violencia de género.
El segundo proyecto, presentado por el bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto, complementó la iniciativa opositora con aportes del bloque nazarista. De esta manera, el oficialismo pudo dar un mensaje de “consenso” con la oposición en un debate que, en un principio, había buscado rasparlos por “no haber aprobado el proyecto de antecedentes sobre tablas” (como lo había planteado Primero Río Cuarto). Ya publicadas las ordenanzas en el Boletín Oficial, se espera que antes de fin de mes se avance en su respectiva reglamentación. El área clave en la implementación será Recursos Humanos, perteneciente a la secretaría de Gobierno.
En el caso del narcotest,se trata de una medida que apunta a los funcionarios que fueron electos y a quienes ocupen cargos políticos y jerárquicos. Desde el intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores designados políticamente, fiscal municipal, tribunos, defensor del Pueblo, autoridades de entes descentralizados, entre otros cargos de índole similar. La ordenanza plantea que el narcotest debe presentarse dentro de los 30 días después de asumir el cargo. Luego de ello, deberá ser presentado una vez por año, entre los meses de julio y agosto. Es clave remarcar que cada funcionario deberá tramitar el examen toxicológico (entre los laboratorios que estén habilitados para hacerlo) y será quien afronte el costo del mismo.
“La persona obligada deberá suscribir una declaración jurada en la que deje constancia de toda circunstancia que pudiera incidir en el resultado del estudio, tales como tratamientos farmacológicos en curso, medicamentos recetados por profesional médico, o cualquier otra situación de salud relevante a dichos efectos, pudiendo acompañar certificados médicos”, resalta la normativa. También, ante un resultado positivo, el funcionario podrá tener la posibilidad de un derecho de defensa y una contraprueba que, de arrojar un resultado positivo en esta instancia, se lo podrá apartar temporalmente bajo una licencia preventiva. En caso de incumplir con los plazos de presentación, el funcionario será notificado y si no presentase el análisis bioquímico en el plano de 10 días hábiles, se procede al cese definitivo o revocación de su designación.
En el caso de antecedentes penales, lo central será que no solamente se requerirá la documentación a la hora de ingresar a trabajar en vinculación con el Municipio, sino que habrá un control periódico cada dos años de manera obligatoria: se exigirá certificado nacional de antecedentes, certificado provincial de antecedentes y se verificará que la persona no figure en el Registro de Deudores Alimentarios. No presentar la documentación en tiempo y forma se sancionará a partir de restricciones como, por ejemplo, el acceso al régimen de emprendimiento productivo y el cobro de horas extras.
Además del control cada dos años, la ordenanza remarca que será necesario el control cuando el trabajador participe de concursos, aspire a cargos jerárquicos o sea trasladado a áreas sensibles relacionadas a tránsito, seguridad, niñez, género, entre otras. Además de personal de planta municipal, incluye a personal político, asesores, contratados por locación de servicios y, por supuesto, a funcionarios. Según lo publicado en el Boletín Oficial, una vez que esté reglamentada, comenzaría a regir el periodo para presentar los certificados antes del 31 de diciembre de este año.
Teniendo en cuenta estos aspectos, ambas iniciativas tendrían su total aplicación entre lo que resta del 2026 y el 2027. Y el primer control de antecedentes (luego de las presentaciones que debieran hacerse este año), sería en el 2028, año en el que terminará este primer mandato de De Rivas.
Aunque estas iniciativas en particular no figuraban entre los “hitos” que proyectaba la gestión municipal (responden más a la coyuntura actual), desde el equipo del intendente aseguran que hace tiempo se está trabajando en conjunto con el SUOEM para aplicar una reforma integral del estatuto del empleado municipal. Dicho estatuto no se ha actualizado desde el 1992.
El Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto realizó el relevamiento correspondiente a la primera semana del receso invernal, comprendida del 6 al 12 de julio, período que incluyó además el fin de semana largo por el Día de la Independencia. Durante esos siete días, la ciudad recibió 4.620 turistas, registró una ocupación hotelera promedio del 60% y generó un impacto económico estimado en más de 1.501 millones de pesos.
En ese marco, el informe también reflejó que la estadía promedio de los visitantes fue de 2,5 noches, mientras que el gasto diario por persona alcanzó los 130.000 pesos. De esta manera, el desembolso promedio por turista ascendió a 325.000 pesos durante toda su permanencia en la ciudad, considerando consumos vinculados al alojamiento, gastronomía, entretenimiento, compras, movilidad pública y privada, entre otros servicios.
Uno de los datos destacados del relevamiento corresponde al fin de semana largo comprendido entre el 9 y el 12 de julio, período en el cual se concentró la mayor parte del movimiento turístico registrado durante la semana.
En esos cuatro días, Río Cuarto recibió 3.120 visitantes, alcanzó una ocupación hotelera promedio del 65% y generó un impacto económico superior a los 1.014 millones de pesos, es decir, más de dos tercios del movimiento económico total registrado durante la primera semana del receso invernal. Además, el promedio diario fue de 1.950 turistas y se mantuvo una estadía promedio de 2,5 noches por visitante.
El relevamiento también permitió conocer el origen de quienes visitaron la ciudad durante las vacaciones de invierno. El 97% de los turistas fueron argentinos, mientras que el 3% restante correspondió a visitantes provenientes de Uruguay.
En cuanto a la procedencia dentro del país, el 43% llegó desde distintas localidades de la provincia de Córdoba. Además, de Mendoza y Neuquén representaron un 13% cada una, mientras que también se registraron visitantes de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Chaco y Jujuy, reflejando el alcance regional y nacional que continúa consolidando a Río Cuarto como destino.
