Felipe Osman
El Concejo Deliberante acaba de salir de la “feria” administrativa decretada por el viceintendente, y aunque no se advierten grandes asuntos que vayan a ocupar la atención del recinto en las próximas semanas, la oposición encuentra la forma de apuntarle al oficialismo.
El viernes, inmediatamente después de que el Palacio 6 de Julio informara sobre un nuevo aumento del boleto de transporte urbano, los concejales del radicalismo salieron a cuestionar que el oficialismo hubiera decidido llevar su costo a 2.150 pesos “sin publicar la estructura de costos que lo justifique ni información completa sobre kilómetros recorridos, pasajeros transportados y contratos del sistema”, a la vez que criticaron el funcionamiento general del servicio, por “frecuencias insuficientes, recorridos recortados y largas esperas”.
El boleto se mantenía, en cuanto al costo a pagar por el usuario, en un valor de 1.720 pesos desde noviembre de 2025, al margen de que había aumentado en marzo a 2.030 pesos, aunque el municipio cubrió hasta el sábado esa brecha para que los usuarios siguieran pagando la tarifa anterior. Ahora, con el nuevo ajuste, la tarifa quedará “sincerada”.
El oficialismo no necesita hacer pasar por el Concejo Deliberante los aumentos del boleto porque sigue gobernado bajo la vigencia de buena parte de las emergencias sancionadas por Martín Llaryora en diciembre de 2019, cuando llegó al Gobierno Municipal. Algo que los opositores denuncian como una contradicción constante, ya que la emergencia no debiera justificarse si el peronismo hubiera logrado un saneamiento definitivo del municipio.
Más allá de ello, desde el Palacio Municipal responden que el gasoil, principal insumo del que se abastece el servicio, sufrió nueve aumentos entre octubre de 2025 y julio de 2026, acumulando un incremento del 45,5 por ciento, y que las paritarias de la UTA también aumentaron los costos salariales. Es decir que si bien entre noviembre de 2025 y junio de 2026 hubo una inflación acumulada de 23,14 por ciento, el aumento de los costos del servicio se proyectó por encima de ese número, justificando un incremento del 25 por ciento en el valor del boleto.
Por fuera de este asunto, que el oficialismo disimuló en el fin de semana de la final, la oposición también marca otros hitos que intentará poner de relieve en la agenda.
El primero de ellos es la prórroga que el Ejecutivo ya ha advertido dispondrá en los contratos de higiene urbana con las actuales prestadoras del servicio. Según recuerda el bloque radical, la prórroga debe ser notificada por el municipio a las empresas con un mínimo de antelación de 90 días antes del vencimiento del contrato. Es decir, antes del 31 de agosto de 2026. El intendente ha dicho que buscará introducir cambios en la contratación inicial al momento de prorrogar la duración del vínculo, y la oposición entiende que esto necesitará de una mayoría agravada, y espera hacer oír su voz cuando el asunto llegue a tratamiento del recinto.
Finalmente, otra queja de las bancadas opositoras se da en torno a la contratación del servicio de transporte. El Concejo empezó a tratar, meses atrás, un nuevo marco regulatorio para el transporte urbano, pero la iniciativa del Ejecutivo quedó “freezada” por el propio oficialismo, y, constituyendo un paso previo ineludible para licitar el servicio de Transporte Urbano, la UCR empieza a confirmar que ninguna de las dos grandes licitaciones de la ciudad se resolverá en la gestión de Daniel Passerini.
