Yanina Soria
Concebidas como ámbitos de articulación entre municipios y comunas para coordinar obras, servicios y políticas públicas, incluso, abriendo posibilidades a un trabajo colaborativo y al asociativismo entre localidades, las comunidades regionales también (o, sobre todo) son hoy espacios de acumulación de poder territorial.
Reordenarlas fue uno de los primeros asuntos que atendió la actual gestión provincial de la mano del ministerio de Gobierno que conducía Manuel Calvo cuando, allá por los primeros meses del 2024, anunciaba que -por primera vez desde que se crearon por ley- quedaban conformadas las 25 comunidades regionales de Córdoba. La mayoría, conducida por intendentes o jefes comunales del Hacemos Unidos y sus aliados; en algunos casos, con presidencias rotatorias.
De hecho, esa fuerte impronta política hace que intendentes de ciudades no oficialistas como Marcos Ferrer de Río Tercero o Esteban Avilés de Carlos Paz, no forman parte de sus respectivas Comunidades. También dieron el portazo Raúl Cardinalli de Cosquín; Emiliano Paredes de Tanti; y Natalia Contini de Anisacate, entre los últimos municipios.
Lo cierto es que el peronismo que ya inició su temporada preelectoral de cara al 2027, busca profundizar su territorialidad y en ese plan, las comunidades regionales adquieren cierto valor estratégico. Ya no solo como organismos de coordinación institucional, sino como puntos específicos desde sostener el entramado político que necesita el PJ para pelear desde el interior la reelección de Martín Llaryora.
Hace unas semanas, sin mucha prensa, el oficialismo habilitó desde la Legislatura una ampliación de la participación en las mesas de las Comunidades, dando protagonismo a los (sus) legisladores.
A instancias de un proyecto presentado por el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, se aprobó una iniciativa que modifica la Ley Provincial de Regionalización. El proyecto, que ya venía con despacho favorable de las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, incorpora a los legisladores elegidos por distrito único como miembros plenos de las Comunidades Regionales.
Si bien no es infrecuente que los parlamentarios participen de las reuniones, de hecho, hay casos como el de la Comunidad Regional Totoral que es presidida por el radical departamental Víctor Molina, esta ley le da un marco general permitiendo un nuevo rol a los legisladores. Con la nueva normativa pasarán a participar con voz y voto en las decisiones de las Comisiones Regionales, junto a los intendentes y presidentes comunales.
Incluso, el proyecto otorga flexibilización orgánica, ya que expresamente habilita la creación de una presidencia que puede recaer en cualquier miembro, incluidos legisladores. En un escenario donde el peronismo no solo predomina, sino que siempre busca expandirse más, es difícil imaginar que las Comunidades pudieran quedar eventualmente en manos de una mayoría opositora. Aun así, el convite quedó abierto para los 26 departamentales.
Hacia adentro del peronismo esta modificación opera ampliando el margen de acción de los legisladores oficialistas, para que aquel que lo necesite pueda tener una participación más activa en las decisiones regionales y en el contacto cotidiano con los gobiernos locales. En términos políticos, significa dotarlos de una herramienta adicional para consolidar liderazgos locales para el ´27, gestionar demandas y fortalecer la presencia de Hacemos en cada departamento.
La semana pasada, la intendenta Natalia Contini acusó públicamente y en duros términos al gobernador Llaryora de “atacar al sistema democrático”. En un video que rápidamente se viralizó, la jefa comunal responsabilizó al peronismo de designar a un concejal propio como representante de Anisacate en la Comunidad Regional luego de que el municipio decidiera salir del ente.
El actual presidente del organismo intermunicipal de Santa María, Marcos Fey de Malagueño, aclaró que el concejal Matías Cuello puede asistir a las reuniones, pero sin voto.
Por su lado, el propio edil, a través de una carta busco aclarar: “mi presencia en la Comunidad Regional no pretende reemplazar a nadie ni disputar el rol que le corresponde como intendenta. Mi participación responde a una situación muy concreta: usted decidió no sólo dejar de asistir a la Comunidad Regional, sino también no designar a ningún representante de su gabinete y apartar a Anisacate de ese ámbito de trabajo conjunto. Frente a esa decisión entendí que era importante que los vecinos de nuestra localidad tuvieran una voz presente para conocer de primera mano las políticas, proyectos que allí se impulsan”.
