Felipe Osman
El intento del Gobierno de descomprimir el conflicto mediante el pago del segundo tramo del Plan de Equiparación no alcanzó. Lejos de moderar los ánimos, la votación realizada en las delegaciones del interior consolidó una tendencia hacia la profundización de las medidas de fuerza.
Los judiciales, que descubrieron el jueves en sus recibos de sueldo descuentos de entre 200.000 y 600.000 pesos, y se anoticiaron de que se trataba apenas de la primera de cuatro cuotas de descuentos, se volcaron en el interior hacia la moción de la agrupación que nuclea a los independientes (La Judicial), y la tendencia luce prácticamente irreversible.
La Asamblea General Extraordinaria confirmaría hoy esa decisión, y el conflicto refleja una brecha cada vez más grande entre las bases y el Tribunal Superior de Justicia.
Las mociones que se enfrentaron ayer en el interior y que se llevarán a votación hoy en capital guardan profundas diferencias. Mientras el mandato propuesto por la Comisión Directiva apostó por un plan de lucha con un retiro anticipado en capital y un paro de 24 horas en el interior durante la primera semana, y otro paro provincial de 36 horas en la segunda; los independientes propusieron un paro de 60 horas la primera semana y otro de 48 horas en la segunda.
Y al tiempo que el oficialismo gremial eligió mantener las mismas exigencias que venía planteando de cara a un restablecimiento de las negociaciones con el TSJ, La Judicial impulsó elevar el piso del reclamo a una recomposición del 25 por ciento de los salarios (15 por ciento de manera inmediata, y 10 por ciento en 5 cuotas sucesivas mensuales de 2 puntos porcentuales), más allá de reclamar el cumplimiento de lo acordado en 2025.
Este escenario abre un enorme interrogante sobre la continuidad del conflicto.
El TSJ no ha vuelto a convocar al sindicato después de la oferta que Judiciales rechazó antes de la feria, y el Gobierno Provincial no ha avanzado en la eliminación del tercer escalón de aportes extraordinarios que dispuso la “Ley de Equidad Previsional” y cuya morigeración ya dispuso la Justicia, para que los aportes máximos pasen de 8 a 6 puntos porcentuales.
Si a esto se agrega el dictado del Memorando 01/2026, de la Fiscalía General, imponiendo guardias mínimas a los empleados que prestan servicios en las unidades judiciales, que causó enorme descontento en el Ministerio Público Fiscal, el pronunciamiento de las diferentes delegaciones del Colegio de Abogados, y la advertencia de la Caja de Previsión de los profesionales, que denuncia un resentimiento de la actividad por el disfuncionamiento del sistema judicial, no cuesta ver que el conflicto se complejiza semana a semana.
Más allá de las evidentes tensiones entre el sindicato y el TSJ, que empieza a aflorar también en otras instituciones que rodean el funcionamiento de la Justicia, el propio gremio está atravesado por profundas diferencias.
Si bien el extenso conflicto de 2025 se zanjó con un Plan de Equiparación (parcial) entre los empleados de la Justicia Provincial y sus pares de Tribunales Federales, lo cierto es que aquella votación dejó a muchos disconformes. Y la reapertura del conflicto que precipitó la reforma previsional provincial hizo emerger, una vez más, esas tensiones.
Esto representa un problema mayúsculo que el Gobierno, quizá, no sepa dimensionar.
La mayor conflictividad de los sindicatos estatales tiene una génesis común: la creciente participación de los sectores “independientes” o “autoconvocados”, que desde la postpandemia empezaron a organizar agrupaciones que ganan cada vez más representatividad en la vida interna de los sindicatos estatales.
Sucedió entre los equipos de Salud, incluso antes del arribo de Martín Llaryora al Centro Cívico, se intensificó en la UEPC, que arrinconó hace meses al Gobierno en una paritaria difícil de imaginar en otro contexto, y empieza a replicarse ahora entre los judiciales.
