Yanina Soria
La Legislatura de Córdoba vuelve a ser foco de conflicto para el peronismo provincial. Del bloque oficialista surge un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Martín Llaryora con una polémica que, lejos de desacelerarse, cada vez se complica más salpicando de lleno a uno de los suyos. El legislador por el departamento Río Seco, Ramón Flores, quedó en el ojo de la tormenta luego de que uno de sus asesores fuera detenido en el marco de una causa que investiga hechos de grooming, abuso y explotación sexual de menores, por el cual hay otros 10 aprehendidos, todos ya alojados en la cárcel de Cruz del Eje.
José Aníbal Ricardo Villarreal es el hombre que investiga la Justicia y que, hasta antes de su detención, figuraba en la nómina de contratados legislativos. Incluso, cuando en las últimas horas se conoció públicamente que el asesor ya tenía en su historial un antecedente grave. En el 2021 fue imputado por la fiscalía de Deán Funes por al menos tres delitos: reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado continuado y promoción a la corrupción de menores agravada. Los detalles que se van conociendo de esa causa en particular que habría quedado durmiendo en algún cajón, son verdaderamente espeluznantes.
Pero hay más. En las últimas horas, la Justicia investiga si algunos de los delitos sexuales se cometieron en una especie de “choza” ubicada dentro del campo del legislador Flores. El caso está en pleno desarrollo y nadie sabe hasta donde se extenderá la mancha que tiene su capítulo político también.
Por eso, ayer legisladores de la oposición fueron categóricos en criticar lo que, entienden, es un hecho delictivo pero que desnuda una trama de encubrimiento del poder político oficialista. El uso de fondos públicos al servicio del clientelismo en el norte cordobés, dijeron. Concretamente, la legisladora radical Brenda Austin fue una de las pidió la renuncia de Flores en la Legislatura y recordó que su bloque previamente había solicitado un pedido de informes.
Hasta ayer por la tarde, el peronismo no había tomado una decisión firme sobre el destino de Flores en su rol legislativo, de hecho, un día antes, en su visita a San José de la Dormida el gobernador Llaryora, visiblemente descolocado e incómodo, respondió a una consulta periodística sobre el tema: “Es un hecho tremendo y la Justicia tiene que investigar como siempre. Córdoba garantiza la independencia del Poder Judicial, es un poder independiente y tiene que ir a fondo como va en todos los casos para que se haga justicia”, afirmó.
Consultadas ayer fuentes del oficialismo, dijeron que iban a esperar a ver cómo decantaba el tema y cómo avanzaba la Justicia.
Sin embargo, unas horas después, producto de la envergadura social que fue tomando el asunto ante la presión de la oposición, pero, sobre todo, previendo que la semana que viene habrá sesión, se comunicó el pedido de licencia que presentó Flores.
“Decidí solicitar licencia en mi función como legislador provincial a partir de los repudiables hechos que son de público conocimiento y ante la necesidad de que el proceso judicial en marcha pueda avanzar con absoluta libertad, sin interferencias y con las condiciones necesarias para conocer la verdad. He asumido siempre la función pública con responsabilidad y con la convicción de que quienes tenemos una representación institucional debemos actuar con transparencia, especialmente frente a situaciones de enorme gravedad y sensibilidad social”, dijo a través de un comunicado el caudillo del PJ.
“Quiero ser absolutamente claro: no estoy involucrado en ninguno de los hechos que se investigan. Será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales y llegue hasta las últimas consecuencias. Pero también entiendo que en la función pública no alcanza solamente con dar explicaciones. Cuando existen dudas o sospechas, es necesario contribuir activamente para que puedan ser despejadas”, siguió.
De esta manera, el peronismo pretende hacer control de daños sobre una polémica que se suma a las ya acumuladas en torno a ciertas prácticas políticas, cuánto menos, cuestionables desde la responsabilidad pública, la ética y la transparencia.
Desde el caso Oscar González y sus derivaciones políticas, pasando por Kraisman y los empleados “fantasmas”, hasta el caso Barrelier. Todos, episodios que desnudaron irregularidades en el sistema político, pero, sobre todo, en la praxis oficialista.
Y aunque la licencia de Flores aparezca como un primero cortafuego para intentar bajar la tensión política, su ausencia no garantiza que la oposición utilice la próxima sesión para golpear al oficialismo.
