Gabriela Yalangozian
La iniciativa del gobernador Martín Llaryora para aliviar el endeudamiento de las familias cordobesas abrió una discusión que excede la refinanciación de las deudas y alcanza al ajuste de activos y jubilados y la insuficiencia de los salarios que no permiten llegar a fin de mes. En esa tensión comienzan a ubicarse las distintas posiciones dentro del sindicalismo estatal cordobés.
Luego del anuncio realizado en redes sociales, el gobernador envió este miércoles a la Legislatura el proyecto del denominado Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar. La propuesta contempla consolidar préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras obligaciones vinculadas con gastos ordinarios y necesidades básicas.
Conocida la iniciativa oficial, los gremios de Luz y Fuerza, UEPC, SEP, Casineros, Legislativos y UPS confirmaron que fueron recibidos por el Ejecutivo provincial en un encuentro donde plantearon las dificultades que atraviesan trabajadores activos y jubilados y reclamaron herramientas para enfrentar el sobreendeudamiento familiar.
El comunicado difundido por las organizaciones estatales en las últimas horas señala que la propuesta de ley fue consecuencia de gestiones realizadas previamente por los sindicatos y el planteo de las dificultades económicas y la solicitud de urgentes respuestas frente al crecimiento de la morosidad.
Como respuesta, Llaryora anunció el envío del proyecto de “Alivio Cordobés”, que busca unificar obligaciones y facilitar el acceso a financiamiento con tasas inferiores a las actuales.
Los gremios valoraron la decisión y señalaron que continuarán las conversaciones en próximas reuniones. Sin embargo, también volvieron a poner sobre la mesa reclamos vinculados con los haberes previsionales y la Ley N° 11.087 de Equidad Jubilatoria.
Entre los pedidos aparecen el fin del diferimiento en el pago a jubilados, la suspensión del artículo 58 referido al aporte solidario por la percepción de más de un beneficio y una reducción de la alícuota del aporte solidario para trabajadores activos y pasivos.
De esta manera, aunque los sindicatos reconocieron la herramienta impulsada por la Provincia para abordar el endeudamiento, dejaron en claro que los reclamos salariales y previsionales siguen abiertos.
En una posición más confrontativa, la UEPC Capital, vinculada al Frente de Izquierda, adoptó una postura mucho más crítica. El sector ya había advertido la semana pasada, en una presentación ante el Gobierno, sobre el crecimiento del endeudamiento y había cuestionado las condiciones financieras ofrecidas por bancos y billeteras virtuales.
Su planteo partió no solo de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes, sino también de las retenciones y débitos que, según denuncian, afectan los haberes depositados en el Banco de Córdoba.
Pero además plantearon que, si los trabajadores necesitan recurrir al crédito para afrontar alimentos, servicios y otros gastos cotidianos, el problema no comienza en el préstamo sino en la insuficiencia del ingreso.
En esa línea, la delegación había reclamado al Gobierno provincial un aumento salarial de emergencia, medidas para proteger los haberes y un límite a las retenciones que realiza el Banco de Córdoba, fijado en hasta el 20% de las remuneraciones líquidas. También pidió que las tasas de interés de los créditos queden por debajo de la evolución salarial.
Ahora, frente al proyecto de Llaryora, el sector sostiene que será necesario analizar la letra chica. El cuestionamiento central apunta a que una TNA del 35% continúa representando un costo importante para trabajadores cuyos salarios, según el diagnóstico de la delegación, pierden frente al costo de vida y al crecimiento de las obligaciones financieras.
Del alivio de la deuda al debate por Bancor
La discusión tendrá un nuevo capítulo en la Legislatura. UEPC Capital, junto con la banca del FIT-U y otros sindicatos estatales, prepara la presentación de una iniciativa centrada en el Banco de Córdoba.
El proyecto ya presentado en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba propone declarar la emergencia crediticia de los hogares por dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos, y plantea un esquema más amplio de condonación y refinanciación de deudas.
La propuesta contempla, entre otros puntos, quitas de capital, cuotas que no superen el 15% de los ingresos y tasas atadas a la evolución salarial o al índice de precios, tomando el menor de ambos. También plantea suspender embargos de salarios y ejecuciones para determinados deudores.
Además, impulsa la creación de una comisión independiente integrada por familias afectadas, trabajadores bancarios, representantes sindicales y profesionales, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas.
La iniciativa será llevada el lunes a la Legislatura, donde buscará instalar una discusión que puede incomodar al bloque oficialista.
La coincidencia entre los distintos sectores sindicales aparece en un punto: el sobreendeudamiento de las familias ya se convirtió en un problema político y social que difícilmente pueda ser ignorado.
La diferencia aparece en el camino para resolverlo. Llaryora busca que Estado, bancos y familias compartan el esfuerzo para reordenar las obligaciones financieras. La izquierda sindical, en cambio, sostiene que el mayor peso debe recaer sobre el sistema financiero y que, antes que refinanciar las deudas, es necesario recuperar el poder adquisitivo.
Para el resto del arco gremial, el peso del endeudamiento también debe analizarse en el marco del ajuste que aplicó el Gobierno provincial sobre los haberes de activos y pasivos a través de la Ley 11.087.
Así, el proyecto de “Alivio Cordobés” consiguió un primer efecto político: abrió una vía de respuesta frente al endeudamiento de los trabajadores. Pero también dejó expuesta una discusión con los gremios que excede las tasas de interés y que ahora se trasladará al recinto legislativo: cuánto ganan los trabajadores, cuánto deben y quién termina pagando el costo de llegar a fin de mes.
