Carolina Biedermann
Una nueva denuncia de gravedad vuelve a sacudir a la Legislatura de Córdoba. Esta vez el impacto político alcanza al radicalismo. Omar Ludueña, histórico dirigente radical de la Seccional Cuarta de esta ciudad, empleado de planta permanente de la Unicameral y asesor en el despacho de la legisladora Alejandra Ferrero, fue denunciado por una mujer de su entorno familiar por presunto abuso sexual. El caso comenzó a tomar estado público en los últimos días y Ferrero solicitó formalmente a la vicegobernadora Myrian Prunotto su apartamiento de funciones mientras se esclarecen los hechos.
La presentación de Ferrero a la Vicegobernadora es del 8 de septiembre. En la nota, la legisladora apunta a Ludueña como “agente de planta permanente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, actualmente afectado a mi oficina” y señala haber tomado conocimiento a partir de una publicación en redes sociales realizada por una persona que manifestó haber sido víctima, durante su infancia, de delitos de abuso sexual, presuntamente cometidos por el dirigente radical. “Ante la gravedad de los hechos expuestos públicamente”, Ferrero solicitó a Prunotto que arbitre “con carácter urgente las medidas necesarias para el apartamiento de sus funciones, hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados”.
En esa nota, Ferrero pide el apartamiento de funciones y no la expulsión del empleado legislativo. Desde diferentes sectores de la Unicameral reclamaron que la UCR debería pedir la expulsión, como lo hicieron desde el bloque radical con el ahora ex legislador "Cañito" Flores. Pero dejando a un lado los cruces cotidianos de la política doméstica, esta causa, y las conocidas en el último tiempo, vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre quiénes son los trabajadores que albergan las administraciones públicas locales, de todos los colores políticos.
Según información recogida por Alfil, Ludueña llegó a la Unicameral durante la etapa de Rodrigo de Loredo como legislador, en el año 2011, de la mano de la hoy concejala de la seccional Cuarta Elisa Caffaratti, quien era legisladora en aquel entonces. Ludueña rindió concurso en el 2015, y logró incorporarse como empleado de planta permanente. Cuando Ferrero asumió su banca, en diciembre de 2023, habría pedido que Ludueña pase a desempeñar tareas en su oficina, como asistente legislativo.Fuentes políticas consultadas por este medio, sostienen que la situación de Ludueña se conoció a mediados de agosto. También consultada por Alfil, Ferrero relató que tomaron cartas en el asunto apenas conocieron lo sucedido. La víctima de Ludueña se habría comunicado vía redes sociales con Rodrigo De Loredo, y a partir de esto, el propio ex diputado radical, junto a Caffaratti, realizaron una exposición para dejar asentada la situación. Acto seguido, Ferrero presentó la nota mencionada a la Prunotto.
Desde el ángulo político, este episodio tiene una particularidad. La exposición pública del caso Ludueña no nació de una ofensiva del peronismo contra el radicalismo. La información comenzó a circular desde el propio universo radical. La sucesión de denuncias y acusaciones cruzadas en la Legislatura de Córdoba, profundizan una vez más el deterioro institucional que termina alcanzando a todos los bloques que integran el Poder Legislativo, sean oficialistas u opositores. Casos, que por su gravedad deberían encontrar respuestas institucionales claras, terminan incorporados a la batalla política cotidiana. Así, lo que termina deteriorándose ante la sociedad no es solamente la imagen de un dirigente, de la UCR o del peronismo, es la credibilidad de la Legislatura como institución.
