Javier Boher
Cada tanto me enfrento al mismo planteo por parte de mis alumnos, que suelen coincidir en la idea de que los políticos son unos bandidos y que deberían ser un poco más íntegros. No resulta descabellado, por cuanto les otorgamos el manejo del poder del Estado, institución que tiene la capacidad de obligarnos a cumplir las reglas y de privarnos del ejercicio de nuestros derechos.
Últimamente, la provincia se ha visto sacudida por una serie de denuncias de abuso sexual por parte de personas dedicadas a la política. Los hechos no pueden sorprender a nadie, porque es una cuestión que ha existido desde siempre, casi un requisito en una actividad en la que someter y humillar a los rivales se considera un rasgo positivo. Lo llamativo es que se hagan tan públicos.
Hace semanas se viene hablando del caso de los abusos en el departamento Río Seco y durante bastante tiempo el peronismo no supo cómo quitarse esa presión. Las detenciones siguieron creciendo y los casos muestran aristas cada vez más oscuras, que exponen mecanismos de construcción de poder violatorios de los derechos de las personas.
Mientras el peronismo buscaba sacarse la soga del cuello, sobre el cierre de la semana pasada los medios expusieron un caso en las filas del partido de enfrente: Omar Manuel “Manotas” Ludueña, empleado de planta de la Legislatura que trabajaba en la oficina de la legisladora Alejandra Ferrero y vinculado políticamente al sector de Rodrigo de Loredo, fue denunciado por dos hermanas adoptivas.
Es curioso cómo muchos miembros del oficialismo provincial salieron rápidamente a hablar de este caso cuando prefirieron hacer silencio con el anterior. A pesar del contraataque, los voceros elegidos para tratar el tema reflejaban sus nervios al hablar de los rivales, sabiendo con qué bueyes aran. Tal vez por eso ayer apareció una nueva denuncia, otra vez contra un referente del peronismo: Pablo Ortiz, vicepresidente en Cormecor, concejal en uso de licencia y referente justicialista de Alta Gracia.
Si bien por ahora se trata de denuncias, esto parece una especie de tendencia viral en donde nuestros dirigentes se tiran por la cabeza con acusaciones que le dan la razón a la gente cuando decide creer que los políticos no dan la talla en la dimensión moral.
Todos tenemos defectos y aspectos de nuestra conducta de los que seguramente no estamos orgullosos, pero hay una enorme distancia entre esas miserias humanas y las conductas que se denuncian en estos casos. Lo llamativo es que en la política parece haber una sobreabundancia de personas acusadas de hechos de esta gravedad, que además le permite a los partidos entrar en una guerra en la que se acusan mutuamente de no ser dignos representantes del pueblo. Quién puede contradecirlos.
No hay que olvidarse de que, en medio de todas estas acusaciones y denuncias, que son explotadas políticamente, hay mujeres que han sido vulneradas por aquellos que trabajan dentro de la misma institución que debería hacer respetar un orden basado en reglas.
A pesar de lo perturbador de los hechos denunciados, al menos esta necesidad de exponer que los del otro lado son los malos está ayudando a que se depuren los organismos del Estado y se saquen de encima a estas personas. La verdadera pregunta que nos debemos hacer todos es respecto a en qué momento se va a terminar esto. ¿Cuando se firme la paz entre los bandos en pugna seguiremos conociendo estos casos y se convertirá en una tendencia de respeto por las mujeres y la ciudadanía que les paga los sueldos? ¿O todo volverá a barrer se debajo de la alfombra? Los antecedentes nos hacen imaginarnos cuáles pueden ser las respuestas.
