Felipe Osman
Tras cuatro meses y medio de debate en las comisiones, el Concejo votará hoy una serie de modificaciones al Estatuto del Empleado Municipal, que busca, en palabras del oficialismo: “levantar la vara en cuanto a la integridad para el acceso y permanencia en la función pública”.
El antecedente directo del proyecto inicial, que sufrió profundos cambios en el camino, fue el ‘caso Agostina’, cuyo principal sospechoso, Claudio Barrelier, revistaba en la Municipalidad de Córdoba y acababa de ser promovido de becario a contratado cuando se conoció el crimen.
El peronismo, que en aquellas semanas enfrentó una dura seguidilla de cuestionamientos, buscó retomar la iniciativa en el Concejo Deliberante con tres movimientos: convocar al titular del Ente de Fiscalización y Control al recinto para aclarar por qué el local ‘Wachitas’ permanecía habilitado, excluir de la cámara al concejal Ricardo Moreno, y promover una modificación al Estatuto del Empleado Municipal para endurecer los controles sobre el personal municipal ajustando la presentación de certificados de buena conducta y ‘narcotests’.
El proyecto original del oficialismo proponía incluir la presentación semestral de estos certificados y preveía la sanción de cesantía cuando los empleados las hubieren incumplido en los dos años anteriores y hubieran sido previamente sancionados por estas faltas.
El despacho que salió ayer de comisión es mucho más amplio, pero menos categórico en cuanto a las sanciones que impone ante el incumplimiento de los deberes que agrega.
Aumentará los requisitos a presentar para el ingreso a la Municipalidad, que ahora exigirá certificados de antecedentes penales provincial y nacional, de no inscripción en los registros de Deudores Alimentarios Morosos y de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, y un certificado negativo de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales ‘narcotest’; impondrá a los agentes municipales el deber de renovarlos anualmente y de comunicar las imputaciones penales formalizadas en su contra; acotará las posibilidades de la Administración de sostener suspensiones preventivas; impondrá a la Dirección de Personal el deber -sin sanciones correlativas para el caso de su incumplimiento- de verificar los antecedentes de los agentes municipales mediante mecanismos de interoperabilidad con registros oficiales; y extenderá estos requisitos para el ingreso a “Planta No Permanente, Personal Contratado y Personal Transitorio”. Es decir, en la exégesis del oficialismo también quedarán vinculados los becarios.
Además, la modificación incluirá tres cláusulas transitorias para facultar al Ejecutivo a celebrar convenios con diferentes organismos nacionales y provinciales para verificar certificados y antecedentes; para obligar a los agentes a informar sobre imputaciones penales previas a la entrada en vigencia de la ordenanza; y para que las nuevas regulaciones sean aplicables también a los agentes de la administración descentralizada. La eficacia de la regulación a estos últimos respectos es dudosa y se verá sobre la marcha.
En términos políticos, el oficialismo podrá anotarse no solo la aprobación de una reforma que nació como respuesta a una de las crisis más incómodas que atravesó la gestión Passerini, sino también hacerlo con el acompañamiento de la amplia mayoría de la oposición, con quien compatibilizó proyectos.
El interrogante, sin embargo, seguirá siendo cuánto cambiará efectivamente la capacidad del municipio para detectar situaciones como la que disparó la discusión, ya que buena parte de la respuesta quedará en manos de la reglamentación y de los mecanismos de verificación que logre poner en funcionamiento el Ejecutivo.
En cualquier caso, Passerini dará el primer paso en una discusión que difícilmente quede circunscripta al Palacio 6 de Julio. La Provincia, que es consciente del descontento que provocan episodios como los que recientemente resonaron en la Legislatura, podría encontrar pronto razones para recorrer un camino similar.
