Intendentes reclamaron al PAMI, apuntan a Bornoroni y llevan reclamo a CABA

Ya tienen fecha para mudar la movida a Buenos Aires. El 6 de noviembre, un listado de intendentes y jefes comunales cordobeses cuyos municipios tienen acuerdo con PAMI viajará a la sede nacional de la obra social de los jubilados, y posiblemente pasará por el Ministerio de Salud de la Nación, para presentar el reclamo por la deuda que el organismo mantiene con los gobiernos municipales por las prestaciones a los viejos de cada localidad. Si la visita del Papa León XIV a Argentina se confirma, será otro punto más con el que la oposición a Javier Milei podría dejar expuesto al presidente en materia de cobertura social.

El nuevo reclamo que ayer tuvo escenario en la sede PAMI local tiene destinatario, el diputado nacional y referente libertario provincial Gabriel Bornoroni, casi seguro candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba, a quien responde Eduardo Frayre, el titular de PAMI Córdoba, un cargo que antes fue de Gonzalo Roca, socio de estudio jurídico de Bornoroni y diputado nacional luego de triunfar sobre Juan Schiaretti. De Roca se dice que es el candidato a intendente de la Capital que quiere el jefe del bloque de diputados libertarios. 

Unos cincuenta intendentes, la mayoría del PJ pero también de otros espacios, se presentaron en edificio de avenida General Paz para pedir el pago de unos dos mil millones de pesos (en cuentas del pasado mes de abril) que corresponden a prestaciones, traslados y prácticas médicas a los jubilados y pensionados de cada localidad afiliados al PAMI, costeados por los municipios pero que el organismo nacional debe reintegran en función de los convenios firmados. Con genuina preocupación, varios intendentes que hablaron con este diario aseguraron no tener resto económico para cubrir esos gastos, y manifestaron una cuestión extra: la reducción de 120 a seis los medicamentos que cubre el plan nacional Remediar, un achique dispuesto por el ministro de Salud, Mario Lugones, que repercutirá directamente en los despachos de los jefes comunales. 

No hubo funcionarios provinciales en la movida, que fue ruidosa e incluyó una torta con un número 1 por el primer aniversario del reclamo, pero el Panal estaba claramente al tanto del accionar de los caciques territoriales. No es casual que Martín Llaryora haya mencionado en cada uno de los programas y streamings porteños en los que estuvo la semana pasada el recorte del PAMI y el cierre de la clínica de Marcos Juárez que atendía por esa obra social como ejemplos de lo que provoca el modelo de la motosierra de Javier Milei y de lo que afecta directamente a la gente. Ya lanzado a la campaña electoral para su reelección, el gobernador vinculó la derrota de septiembre del oficialismo marcosjuarense, filo libertario, al castigo de los vecinos por el ajuste mileista, en un intento de lograr contagio de los electores provinciales cuando tengan que elegir en unos meses entre él y, posiblemente, Bornoroni. 

En el PAMI Córdoba, nadie recibió a los intendentes reclamantes, que en abril de este año ya habían presentado un reclamo con la misma modalidad por la deuda del organismo, y habían recibido la promesa de cobrar en junio. Los caciques territoriales tienen otro dato: en agosto, cuando el “intendente gaucho” de la ciudad de Viamonte, Facundo Manzoni, recibió a dirigentes opositores a Llaryora para la inauguración de un edificio para el Paicor, el legislador departamental de Marcos Juárez, el radical Carlos Carignano, le habló a Bornoroni sobre la deuda del PAMI con los municipios bajo convenio, más de cien en Cordoba. “Sabemos que no nos van a pagar”, se lamentó uno de los que intentaron subir al despacho de Frayre. “Lo único que nos queda es visibilizar”, explicaron. Hace unas semanas algunos se reunieron con el constitucionalista especializado en municipalismo Antonio “la Tuta” Hernández, un abogado de origen radical con el que hicieron averiguaciones por un amparo judicial contra PAMI nacional. Finalmente, los jefes comunales desistieron de acudir a Tribunales, en parte por el costo de un reclamo de ese tipo contra Nación y en parte porque los desalentó el hecho de que el gobierno de Milei no cumpla con una ley del Congreso, la de Financiamiento Educativo, ni con el fallo judicial que obliga a acatar. Aunque no haya plata, ahora la movida política se desplazará a CABA, en vísperas de la (todavía en zona gris) visita del Papa.