Felipe Osman
El ‘caso González’, que ya puso en tensión al oficialismo cuatro años atrás, en la previa de la campaña que desembocaría en el triunfo provincial de Martín Llaryora, volvió a tomar la escena ayer. La condena del exlegislador a tres años de prisión condicional (no efectiva) no conformó a los familiares de las víctimas, que esperaban una pena mayor y el encuadramiento del hecho como homicidio doloso por dolo eventual.
Tras conocerse el fallo, los familiares de las víctimas manifestaron su indignación. “Esto es impunidad”, reclamó el padre de Alexa Miranda, cuyas lesiones le provocaron paraplejia permanente. “Olvídense de decir que esto fue un accidente. Es un crimen vial, con impunidad (sic) del Gobierno de la Provincia de Córdoba para tapar todo esto”, completó.
La agenda en Entre Ríos permitió al gobernador tomar distancia de la novedad que representó el fallo en un día difícil para ser oficialismo, en el que dirigentes de todo el arco opositor se manifestaron en disconformidad con la condena recibida por González.
Luis Juez, sintético, posteó: “La vergüenza y la impunidad hoy tienen nombre: Oscar González”. Gabriel Bornoroni apuntó que el caso “Es una prueba más de la impunidad que se vive en Córdoba. Todo un sistema de poder diseñado para cuidar a lo peor del PJ. Los cordobeses, y sobre todo la familia de la víctima, merecían una respuesta distinta”.
Rodrigo de Loredo habló de “Otra página vergonzosa en la Córdoba peronista”. “Los privilegios del poder político están bien resguardados por y para los caciques del PJ. Un día la resignación se va a transformar en indignación y ustedes van a dejar el poder y van a tener que rendir cuentas”, disparó contra el oficialismo provincial.
El legislador PRO Oscar Agost Carreño recordó que la Justicia condenó, junto a González, a la Provincia de Córdoba a pagar una indemnización de más de 2.000 millones de pesos por la tragedia, y que esto terminará comprometiendo los recursos de los cordobeses. Agustín Spaccesi, legislador por el Partido Libertario, también habló de “impunidad”.
El bloque radical, en tanto, publicó un extenso comunicado en repudio a la sentencia bajo el título: “La condena social ya está, la Justicia sigue en deuda”.
En él, los legisladores boina blanca expresaron, además, que el fallo genera indignación y deja una profunda sensación de impunidad. “Este caso no puede quedar reducido a la responsabilidad individual de González. Exigimos que se esclarezcan los privilegios, los posibles encubrimientos y las responsabilidades políticas de quienes debían ejercer los controles”, apuntó, marcando una línea de lo que seguramente será la próxima sesión en la Unicameral. Al cerrar, expresaron también su solidaridad y acompañamiento a las víctimas y sus familias.
La coincidencia de los pronunciamientos opositores busca desplazar el eje de la discusión de la responsabilidad penal de González hacia una responsabilidad política del oficialismo, cuestionando, más allá de la magnitud de la condena, el entramado de privilegios y eventuales encubrimientos que, según denuncia la oposición, habría rodeado al exlegislador.
La querella adelantó que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, donde buscará una condena de prisión efectiva. La pretensión, sin embargo, enfrentará dificultades, especialmente si procura una recalificación del hecho como homicidio doloso por dolo eventual.
El TSJ adscribe a una tesis según la cual el dolo eventual exige, además de una representación del resultado como posible, una actitud de aceptación, desprecio o indiferencia frente a su producción. Esta tesis difiere de otras corrientes doctrinarias que distinguen entre culpa (imprudencia) y dolo eventual no en base a que el autor efectivamente se haya representado el resultado, sino a la probabilidad racional de preverlo. La primera de las hipótesis, al versar sobre una cuestión completamente subjetiva, es sumamente difícil de probar.
El ‘caso González’ se suma, otra vez, en la previa de una campaña, al arsenal con el que la oposición buscará tomar el control del discurso instalando un “fin de ciclo” para el oficialismo. A ese arsenal se han sumado, durante los últimos meses, el ‘caso Agostina’, la reciente condena del exintendente de Cruz del Eje, el caso de los asesores de ‘Cañito’ Flores, las denuncias en el COyS, la ‘causa Bomberos’, entre otros episodios que se convertirán en insumos de la contienda electoral que se avecina.
