UNRC: docentes suben la apuesta y abre otro frente por los paros

El conflicto universitario vuelve a escalar en un momento simbólico. En la semana donde se cumplió un año de la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario, con el Gobierno nacional todavía sin dar respuestas que satisfagan al sector, los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) resolvieron elevar la apuesta. La posibilidad de un paro por tiempo indeterminado y la suspensión de los exámenes finales aparecen entre las medidas más fuertes que la Asociación Gremial Docente (AGD) buscará impulsar a nivel nacional.

La decisión se tomó en una asamblea gremial que resolvió llevar un mandato al congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que comenzó ayer y continuará este viernes. A la propuesta de un paro sin fecha de finalización y la suspensión de las mesas de examen se sumó la decisión de no cargar las regularidades en el sistema. Por ahora, se trata de iniciativas que deberán discutirse en el ámbito nacional, con la intención de coordinar una respuesta común con otros sindicatos.

La discusión abre un escenario de mayor tensión en una comunidad universitaria que viene atravesando un año de conflicto. Si las medidas avanzan, el impacto ya no se limitaría a la interrupción de clases, sino que alcanzaría instancias sensibles para los estudiantes, como las evaluaciones finales y la continuidad de sus trayectorias académicas.

En el ámbito sindical, el argumento es que la prolongación del conflicto obliga a modificar la estrategia. “Marchamos por las universidades por quinta vez en este tiempo y el Gobierno no responde. Habrá que acelerar”, señaló a Alfil un referente del sector universitario, en una definición que sintetiza el malestar y anticipa la voluntad de endurecer el reclamo.

La discusión tiene, además, una derivación política en Río Cuarto. En las últimas semanas, los paros universitarios comenzaron a ser parte de otro debate: el impacto de las medidas de fuerza en el calendario académico de los estudiantes. Ese planteo tomó forma institucional con el proyecto presentado por los concejales de Primero Río Cuarto Pablo Benítez, Ana Laura Vasquetto y Gabriel Abrile, que propone que la UNRC evalúe un protocolo para garantizar la continuidad académica durante las huelgas.

La iniciativa de los ediles aliados de La Libertad Avanza apunta a reducir el impacto sobre el cursado, las evaluaciones y la regularidad de los estudiantes. Entre otras alternativas, plantea recurrir a modalidades virtuales, garantizar materiales pedagógicos y establecer criterios para reprogramar exámenes. Sus impulsores sostienen que el objetivo es resguardar las trayectorias educativas sin desconocer el derecho de huelga ni la autonomía universitaria.

En el comunicado de AGD se expresó el rechazo a esta iniciativa legislativa. La asamblea resolvió responder a los posicionamientos de los concejales en una próxima reunión con las autoridades universitarias e incluso solicitar la Banca del Ciudadano del Concejo.

Así, el conflicto suma una disputa local a la pelea presupuestaria con Nación. Mientras el gremio considera que el deterioro de las condiciones universitarias exige profundizar las medidas, otros sectores ponen el foco en el costo que las interrupciones tienen para los estudiantes. Dos planteos que conviven en una institución atravesada por el reclamo salarial y presupuestario, pero también por la necesidad de sostener el calendario académico. La tensión incluso habría calado profundo en la agenda de la rectora Marisa Rovera, mientras se anticipa el inicio de la campaña por las elecciones universitarias que se realizarán a comienzos del año próximo.

La incógnita pasa ahora por la respuesta que encuentre la propuesta docente en CONADU y por la posibilidad de que las medidas se extiendan al conjunto del sistema universitario. También queda por ver qué posición adoptará el sector nodocente, cuya participación podría resultar clave para dimensionar el alcance de una nueva etapa del conflicto.

Con la ley de financiamiento todavía en el centro de la disputa, la universidad se acerca a otro punto de inflexión. La estrategia docente busca elevar el costo de la falta de respuestas oficiales, aunque el endurecimiento de las medidas también amenaza con profundizar las tensiones dentro de la propia comunidad universitaria.