El gobernador coparticipa responsabilidades con los municipios a quienes les pidió acompañamiento para el combate de la inseguridad. La lógica del partido cordobés aplicada a una de las principales deudas pendientes con los vecinos.
Provincial04 de marzo de 2024
Yanina Soria
Por Yanina Soria
Leyendo que la inseguridad es, a todas luces, la problemática ubicada al tope de las preocupaciones de los cordobeses a lo largo y ancho de la provincia y, por ende, uno de los mayores reclamos que se les hace a los gobiernos de turnos, el mandatario Martín Llaryora encabezó un encuentro con intendentes de distintos espacios políticos.
El marco institucional fue una jornada de capacitación en seguridad ciudadana en el marco de la nueva ley de seguridad integral sancionada en diciembre pasado. Ante 111 jefes comunales de distintos departamentos que ya adhirieron a la nueva normativa, el gobernador expuso un concepto que considera medular en el abordaje del tema: involucrar a los municipios en la responsabilidad y compromiso para una solución.
“Están acá porque ustedes entienden que hoy la seguridad es parte de la demanda de la ciudadanía, de sus vecinos. Claramente hoy se volvió parte de una agenda transversal de todas las comunidades, que debemos atender trabajando en conjunto”, les dijo el mandatario el día después del discurso del presidente Javier Milei pronunciado frente a la asamblea legislativa.
Llaryora les pidió que hagan un esfuerzo y acompañen a la Provincia, “vamos a ser rigurosos, porque nosotros queremos que esto ayude a la gente. Queremos en serio que sea una herramienta de transformación. No buscamos maquillaje”. Habló de cambios de paradigmas y de la “resistencia” que tuvo la normativa finalmente sancionada en diciembre pasado.
El gobernador del partido cordobés cerró el encuentro que horas antes había abierto el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, y subrayó: “Somos de distintos partidos políticos, tenemos ideologías diferentes, pero claramente nos interesa hacer una buena gestión. Y la seguridad es un elemento esencial. Vamos a combatir la inseguridad en un momento tremendamente difícil”.
Dentro de este primer lote de 100 intendentes que suscribieron a la ley hay municipios radicales, del PRO y vecinalistas, mientras desde la cartera de Seguridad confían en llegar a una adhesión total del 95 por ciento de los 427 municipios y comunas.
Si bien ciudades como por ejemplo Río Tercero, gobernada por el radical Marcos Ferrer, se sumaron, legisladores y refrentes del Juntos por el Cambio mantienen sus críticas sobre la ley y acusan a Llaryora, precisamente, de buscar deslindar en los gobiernos locales la responsabilidad que le cabe a la Provincia.
De hecho, no sólo le achacan al gobierno peronista no haber podido controlar ese frente en los 25 años que llevan en el poder central de Córdoba, sino también apuntan como sintomático de la crisis en materia de seguridad, la gravedad institucional que reviste el escándalo que involucra a altos funcionarios del Servicio Penitenciario de Córdoba que todavía se investiga. La seguridad es, sin dudas, uno de los principales flancos por donde la oposición busca entrarle al oficialismo. Y los últimos acontecimientos que en ocasión de robo sacudieron a Córdoba, volvieron a sacudir el avispero político.
A partir de la capacitación, cada municipio y comuna podrá ir conformando las Guardias Locales, que tendrán un rol en tareas preventivas y disuasivas, de manera auxiliar a la Policía y demás fuerzas de seguridad.
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Tras una primera lectura atravesada por tensiones internas en la oposición y un clima legislativo fragmentado, el llaryorismo debe resolver si abre el proyecto a revisiones o si llega a la segunda vuelta con la misma hoja de ruta fiscal que defendió con firmeza en el recinto. Todo apunta a una ratificación del rumbo en la segunda lectura.
Más rezagado que en Diputados, donde ya quedó conformado al menos momentáneamente el bloque, Provincias Unidas busca ampliarse en cámara baja a partir del trío conformado por Vigo, Camau y Terenzi. La reunión de gobernadores que delató la rosca.
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Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
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“Hoy todos estamos un poco más seguros”, dijo el Presidente, que apuntó al kirchnerismo por las críticas a la designación de Carlos Presti: “Hacen usufructo de una tragedia como lo fue la última dictadura militar”. No hubo representantes oficiales de Córdoba en el escenario.
