Movilidad jubilatoria: se perpetúa el atraso de los haberes

El presidente Javier Milei estableció por decreto la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que comenzará a reflejarse en los haberes a partir de julio y aplicar desde abril aumentos mensuales en base a la inflación con dos meses de rezago. El mes que viene la jubilación mínima pasará de $137.216 a $172.463 pesos. Con el bono de $70.000 escalarán a la zona de los 242.000 pesos.

El vocero Manuel Adorni apuntó que desde abril las jubilaciones tendrán un incremento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, del 13,2%, más otro 12,5% de recomposición. En mayo habrá una actualización por el IPC correspondiente a marzo. También aclaró que el bono de $70.000 continuará vigente y que los haberes mínimos lo cobrarán completo.

La consultora Idesa plantea que este mes las jubilaciones (sin considerar el bono) son un 23% inferiores en términos reales respecto al promedio del 2023 y un 50% inferiores respecto al promedio del 2017. “Pasar a actualizar los haberes por inflación tiene consenso, pero no en cómo hacerlo”, analiza y hace referencia que ajustar con un rezago de dos meses, termina “perpetuando” las pérdidas.

El reporte hace una revisión de los proyectos que había en el Congreso y de la decisión final del Ejecutivo: ajustando en abril con la inflación de enero determinaba que en junio 2024 los ingresos de los jubilados fueran aproximadamente 11% inferiores al promedio 2023; hacerlo con el IPC de febrero más 20%, por única vez, los dejaba 4% abajo y con la fórmula oficializada quedan 9% rezagados.

“Estos datos muestran que pasando a ajustar las jubilaciones por inflación se cristaliza la pérdida real sufrida por la inflación pasada. Con ninguno de los tres criterios las jubilaciones recuperarán el bajo nivel que tenían en el 2023 y quedarán muy por debajo del que tuvieron en el 2017 -añade-. Los que menos pérdida acumulan, en el corto plazo, son los que plantean arrancar aplicando la inflación de febrero, aunque en el mediano plazo, a medida que la inflación baje, las brechas se acortarán”.

Añade que el punto más importante es que las que actualizan con dos meses de rezago son jurídicamente débiles porque empalman de manera inconsistente con la vieja fórmula (queda sin considerar las variaciones de enero) y operativamente muy difíciles de instrumentar porque la Anses necesita al menos tres meses para liquidar las jubilaciones ajustadas por inflación.

Idesa subraya que lo más importante es que comenzar a actualizar por inflación frena la licuación, pero perpetúa las pérdidas acumuladas desde el 2017: “Esto es una oportunidad para ordenar las inequidades que se han cometido en los últimos 20 años con la distribución masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes. En esta perspectiva, es aconsejable adoptar la fórmula de empezar a ajustar en abril con la inflación de enero –que es la metodología jurídica y administrativamente más sólida y austera desde el punto de vista fiscal– y usar ese mayor espacio fiscal para disponer un aumento especial a las jubilaciones que fueron obtenidas con los 30 años de aportes y por el régimen general. Constituye una muy buena señal reconocer a quienes se jubilaron habiendo aportado”.

También apunta que el cambio en la movilidad no es la herramienta para superar los problemas acumulados del sistema previsional. “Lo único que logrará es detener el proceso de deterioro real y evitar que, cuando regrese la estabilidad de precios, el incremento en el gasto previsional desestabilice las cuentas públicas. En cualquier caso, hay que ser muy cuidadoso en su diseño. Por un lado, no imponer reglas que son jurídicamente inconsistentes y administrativamente muy difícil de aplicar. Por el otro, sincerar que se congela una fuerte licuación de los haberes y asumir esto como una oportunidad para recomponer los haberes de la gente que hizo el esfuerzo de aportar”, evalúa.

Agrega que estas medidas “urgentes” facilitarán el avance hacia un ordenamiento integral del sistema. “Hay que tender a la unificación de las reglas jubilatorias para que a futuro todas las personas se jubilen en las mismas condiciones en un marco de sustentabilidad financiera de largo plazo. Este es uno de los grandes desafíos que plantea el Acuerdo de Mayo”, sintetiza.