La Calera: contraataque judicial de Rambaldi por Viviendas Semilla

El intendente sale al cruce de las acusaciones de su antecesor y denuncia un “modelo de corrupción al estilo kirchnerista” en la ciudad. Apunta que la anterior gestión miente en cuanto al avance de obra de las viviendas, que la adjudicataria no estaba inscripta para el desarrollo de tal actividad y que el municipio libró pagos y restituyó garantías horas antes del recambio.

Provincial 09 de abril de 2024 Felipe Osman Felipe Osman
Fernando-Rambaldi--facundo-rufeil
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Por Felipe Osman

La denuncia penal que Facundo Rufeil presentó contra Fernando Rambaldi por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público encontró una rápida respuesta en el líder de Juntos por la Calera, que adelantó a Alfil prepara una contraofensiva judicial en contra del su predecesor por múltiples irregularidades en la concesión de la obra, en las certificaciones de avance de obra, en el libramiento de pagos y en la restitución de garantías a la adjudicataria.

Para empezar, Rambaldi apunta que las obras no presentaban, al 10 de diciembre de 2023, un avance del 87 por ciento, algo que Rufeil respalda en los certificados de avance de obra girados a la Provincia, indispensables para disparar los pagos a la adjudicataria. Según el actual intendente, y a raíz de un trabajo realizado por arquitectos e ingenieros civiles de su equipo de Gobierno, el avance de obra oscila entre el 60 y el 65 por ciento.

Pero además, el dirigente que pasó de la oposición al control de Gobierno Municipal denuncia que su antecesor incurrió en otras irregularidades. Que horas antes de su salida declaró como “días hábiles administrativos” el 8 y 9 de diciembre (Día de la Virgen y sábado, respectivamente) para librar cheques por un monto cercano a 40 millones de pesos a favor de Patricia Rutilli, adjudicataria en la construcción de las 20 viviendas en cuestión.

Además, agrega que, al momento de resultar adjudicataria, Rutilli no contaba con inscripción en el Registro de Comercio para realizar dicha actividad, y que tal inscripción se llevó adelante después de que le fuera adjudicada la obra, y se pregunta ¿por qué se decidió adjudicar el desarrollo de 20 viviendas, por un costo inicial calculado en 86 millones de pesos, a alguien que carecía de espalda económica y experiencia en el rubro? A la vez, traza paralelismos entre esta adjudicación y la controvertida compra de uniformes para la Guardia Urbana de la ciudad de Córdoba que terminó cancelada tras las denuncias del radicalismo.

Rambaldi apunta también que, antes de que se produjera el recambio de autoridades, la anterior gestión certificó el avance de obra en el 87 por ciento, giró pagos en esa proporción a la adjudicataria, dio de baja la contratación para el desarrollo de la obra de común acuerdo con la contratista, y le restituyó 8 millones de pesos que esta había dejado en garantía para acceder a la contratación.

“Le devuelven la garantía, con lo cual ni siquiera nos permiten usar ese dinero para avanzar en la conclusión de la obra”, apunta el intendente, que además adelanta que los esfuerzos de su gestión están puestos desde el primer día en conseguir que la Provincia reconozca que el avance de obra es menor al denunciado por su predecesor para conseguir así su asistencia financiera para finalizar las construcción de las viviendas.

“Según nuestros cálculos -agrega- necesitamos entre 6 y 7 millones de pesos para terminar cada casa. Estamos hablando de entre 120 y 140 millones de pesos.  Tenemos esperanza de que, dialogando, la Provincia entienda que acá hubo irregularidades, y nos aporte esos fondos para terminar la obra, porque los estafados finalmente fueron los vecinos”. Después, contestando a Rufeil, niega que la anterior gestión haya dejado fondos de “afectación específica” para finalizar la obra. En rigor, tales recursos sólo podrían haber tenido afectación específica de provenir de la Provincia y en el marco del acuerdo de financiamiento. Si su origen es de rentas generales del municipio, es el intendente quien debe direccionarlos.

Rambaldi adelanta que presentará una denuncia penal en contra de Rufeil y Gabriel Da Silva (ex secretario de Obras Públicas de La Calera durante la anterior gestión), aunque tal denuncia no alcanzaría a funcionarios provinciales. “Por lo pronto va en contra de funcionarios municipales, porque a los fondos los manejaba el municipio”, aclaran, antes de agregar que los propios vecinos que resultarían beneficiarios del programa se sumarán a la denuncia en calidad de querellantes particulares.

Para completar, resalta que su gestión ha dado prioridad al tema, pero se ha encontrado con grandes dificultades para acceder a la información necesaria para abordarlo. “Está asentada una denuncia por sustracción de carpetas, computadoras y discos duros antes del cambio de mando. Dentro de todo lo que ha desaparecido, no había nada referido a lo que era el plan de Viviendas Semilla”, asegura el intendente. 

Concejo Deliberante 

Otro capítulo de la feroz batalla entre el PJ y Juntos por La Calera se libra en el Tribunal Superior de Justicia, que tiene competencia originaria para entender sobre una demanda por conflicto de poderes originada en la sesión preparatoria del recinto.

La oposición denuncia que el oficialismo puso en consideración del cuerpo la “ratificación o rectificación” de las autoridades votadas el 12 de diciembre, tras el cambio de mando, pero cuando advirtió que estaba en minoría intentó levantar la sesión. Sin hacer caso a esto, los opositores siguieron adelante y ungieron como nueva presidenta del cuerpo a la radical Analía Marcos, que salió de las filas de Juntos por La Calera con rumbo al rufeilismo. 

El oficialismo, en tanto, dice que la oposición siguió adelante con una sesión que ya había sido levantada por la presidenta del cuerpo y que, por lo tanto, todo lo decidido a posteriori carece de validez. Además, adelanta que las autoridades habían sido definidas en la sesión del 12 de diciembre, y que el hecho de que su “ratificación o rectificación” haya sido puesta en consideración nuevamente respondió a un “error material involuntario” del secretario legislativo.

La definición depende ahora del TSJ, que deberá establecer si la sesión del 23 de febrero tuvo o no validez, si la presidenta del cuerpo puede levantar la sesión después de haber puesto en consideración una moción que no fue votada, o si el cuerpo es soberano y puede seguir adelante con la sesión siempre y cuando cuente con quórum. 

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