Integrantes de la lista Rosa, vencida el 7 de diciembre, consiguieron que la Secretaría de Trabajo de la Nación revise el expediente en el que transitan las impugnaciones a la elección que puso a Molina Herrera al frente del sindicato. La gestión libertaria podría anular los comicios y bajar a un sindicalista “k” imputado por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos.
Provincial04 de junio de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
Las elecciones del Sindicato de Luz y Fuerza tuvieron lugar el 7 de diciembre de 2023. Sin embargo, no son un asunto cerrado.
El tema es complicado. Ya desde el cierre de listas, una de las facciones opositoras, la lista Rosa, había denunciado ante la Junta Electoral que las boletas lideradas por Jorge Molina Herrera y Gabriel Suárez no podrían tomar parte en la contienda, por encontrarse sus titulares incursos en una de las inhibiciones establecidas por el Estatuto Orgánico (artículo 27 inciso f), a saber, pesar sobre ellos “inhibiciones civiles y/o penales”.
Como es de público conocimiento, los históricos jerarcas de Luz y Fuerza se encuentran -y se encontraban ya por entonces- imputados en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos que transita ante la Justicia Federal. Pero la Junta Electoral, conducida por sus partidarios, hizo oídos sordos a la impugnación de la oposición, y lo mismo sucedió cuando los integrantes de la lista Rosa insistieron ante el Ministerio de Trabajo. Su delegación cordobesa, conducida entonces por Ignacio Basélica (Partido de la Victoria) tampoco atendió a las impugnaciones opositoras.
Sin embargo, los “cruzados” de Luz y Fuerza siguieron insistiendo. Al no encontrarse resueltas las impugnaciones, la actual conducción del gremio no cuenta con el certificado de autoridades. Es decir, no cuenta con el documento que la acredita, jurídicamente, como conducción. Por lo tanto, su situación jurídica es precaria, y no puede disponer de los bienes del sindicato ni estaría legitimada, en principio, para firmar paritarias con EPEC.
La oposición notificó de esto a la Empresa y ahí llegó el error no forzado de Molina Herrera. El secretario general pidió un pronto despacho en el expediente en que se tramitan las impugnaciones a la elección, y captó la atención de los nuevos responsables de la Dirección de Asociaciones Sindicales, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo.
En rigor, los representantes de la lista Rosa ya habían preparado el terreno, reuniéndose en Buenos Aires, a mediados de marzo, con Claudio Aquino, titular de la referida dirección, y poniéndolo al corriente del curso del expediente.
A fines de la semana pasada se notificó a los acreditados en el expediente administrativo el dictamen de la asesoría letrada, que recomendó “oficiar al Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, a fin de que informe en el marco de la causa: ‘SUAREZ, Gabriel Sergio y otros s/ Asociación Ilícita-Defraudación’, quiénes resultan ser los imputados, su situación procesal, las cautelares trabadas en autos, su estado, si los eventuales procesamientos se encuentran firmes y/o cualquier otra información que entienda relevante a fin de resolver los planteos efectuados en autos”.
En menos palabras, la Secretaría de Trabajo solicitará a la Justicia que le aclare la situación procesal de los implicados en el expediente penal que alude a los titulares (y ex titulares) de Luz y Fuerza. Y de decidir que la lista vencedora nunca debió ser habilitada para competir, podría anular la elección dejando al sindicato acéfalo, al borde de la intervención.
Ayer, la oposición envió diferentes notas a EPEC, el Banco de Córdoba (donde se encuentra radicada la cuenta del sindicato) y a otros actores cercanos a la conducción advirtiéndolos sobre la precaria situación de la actual conducción, y espera novedades en los próximos días.
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