UNC: prescribe la causa por la toma del Pabellón Argentina

Por Francisco López Giorcelli 

En el año 2018 una serie de reclamos docentes por el salario y el presupuesto universitario derivó en el acompañamiento estudiantil, quienes en distintas a través de distintas asambleas de dicho claustro decidieron la toma de distintas dependencias universitarias en acompañamiento del paro prolongado que las y los docentes llevaron a cabo en aquel momento. El reclamo estudiantil se extendió más allá de las medidas adoptadas por el gremio docente lo que elevó la tensión entre estudiantes y las autoridades universitarias de aquel momento. 

En ese marco, en un intento de desarticular la protesta impulsada desde los y las estudiantes universitarios es que se denunció penalmente a un grupo de 17 estudiantes que, entre otros muchos más estudiantes, habían tomado el Pabellón Argentina, el edificio emblema de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Los estudiantes fueron imputados por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk por los cargos de usurpación y despojo de acuerdo al art 181 del Código Penal que prevé una pena de entre 6 meses a 3 años de prisión, pero que sería excarcelable. En 2021 el fiscal Maximiliano Hairabedián elevó la causa a juicio y luego el juez que instruye el proceso, Hugo Vaca Narvaja, confirmó la decisión de llevar adelante el juicio contra las y los estudiantes de la UNC, tras desestimar el pedido de sobreseimiento de la defensa de un sector de los imputados.

En junio del 2023 la Justicia Federal volvió a activar el juicio contra los y las estudiantes de la UNC. La causa, como ya se dijo, estaba caratulada como “usurpación por despojo”, está instancia estuvo marcada por el fuerte apoyo de distintas organizaciones estudiantiles, como la Asamblea por el Comedor, la Interfacultades, organizaciones sociales y sindicatos de distintas partes del país. Además, se adhirieron al repudio más de 800 personas.

Montesi decidió “declarar extinguida la acción penal por prescripción en favor” de los estudiantes imputados. Todos estaban acusados por la supuesta comisión de los delitos de usurpación por despojo y turbación de la posesión, artículo 181 incisos 1 y 3 del Código Penal. En la sentencia, el juez considera que la acción penal está “prescripta a partir del 21 de mayo del presente año”.

“Desde la fecha de 21 de Mayo de 2021, último acto interruptor, ha transcurrido con exceso el máximo de la pena prevista para el delito de usurpación por despojo y turbación de la posesión, 3 años, sin que durante ese lapso se hayan producido actos con validez interruptiva”, señala Montesi en los considerandos publicados por el sitio CBA24N.

Además, el juez federal Montesi, resalta en su fundamentación que “la UNC a través de sus representantes, en un primer momento generó con su denuncia, inicio formal a las presentes actuaciones en calidad de damnificados pretensos, pero luego, con el correr de la instrucción, esta pretensión se fue transformando y diluyendo”.

La sentencia también recuerda que “la universidad, con la representación de las decanas de las Facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales y de Arte, solicitaron ser oídas en el carácter de Amigas del Tribunal”. “Concretamente dicha presentación fija una postura clara, en favor de los acusados”, enfatiza el fallo. Vale recordar que estas facultades públicamente apoyaron a las y los acusados a través de sus consejos directivos y sus decanas.

“Otra circunstancia, dónde se advierte el cambio de posición por parte de la Universidad, se refleja en los distintos acuerdos de conciliación, presentados por las partes, con la aprobación expresa del Rectorado. En virtud de los cuales, se fueron favoreciendo, varios de los acusados en las presentes actuaciones, disminuyendo así, el número de justiciables en la causa”, expresa en otra parte la sentencia. En referencia que en el comienzo del juicio eran 27 estudiantes y a está última decisión llegaron imputados 17.

De todas formas la resolución no alcanza a otros cinco estudiantes quienes en octubre de 2021 firmaron con las autoridades de la UNC un acuerdo de conciliación homologado por el entonces juez federal Ricardo Bustos Fierro, “sin haber acreditado al día de la fecha el cumplimiento de sus compromisos”, publica el portal de noticias del canal universitario.

El fiscal Maximiliano Hairabedian se pronunció al respecto en Mitre, diciendo que “lamentablemente la causa prescribió y esto significa que no habrá juicio y el caso queda impune, se cierra. Digo lamentablemente por varias razones: porque desde la Fiscalía pedimos que se haga el juicio, más de una vez advertimos el riesgo de prescripción porque desde la Fiscalía queríamos que se haga el juicio para poder probar el hecho, los autores y el daño que hicieron los que tomaron el pabellón de la universidad”

“Esta gente afectó la actividad de la universidad pública que decían defender, afectaron los proyectos de investigación que se llevaban adelante en la universidad en el lugar tomado. Afectaron también a particulares, lo que ocurrió con el concesionario del bar que debió cerrar y los empleados perdieron la fuente de trabajo”, agregó Hairabedian, ignorando que de fondo había un reclamo más que legítimo. 

En este caso Hairabedian defiende los intereses del dueño del bar que se ubica dentro del Pabellón, el cual en la actualidad sigue abierto y funcionando con normalidad. Además los mismos docentes e investigadores en su mayoría apoyaron las medidas impulsadas por el gremio docente y la comunidad estudiantil, básicamente porque sin presupuesto y financiamiento no se puede dar clases y mucho menos impulsar proyectos de investigación.