Pastillitas de poder

Por Javier Boher 

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La semana pasada arrancamos las clases del segundo semestre en una materia sobre política. Lo primero, como corresponde, era hablar sobre la política y su elemento característico, el poder. A algunas personas les resulta difícil entender la naturaleza de este último, por lo que tienden a confundirlo con la posesión de cargos y distinciones.

Alberto Fernández fue el caso que permitió sostener el argumento. ¿Acaso a una persona poderosa le podría pasar lo que ahora le está pasando al ex presidente? Intuyo que Menem debe haber tenido historias bastante más escabrosas que las que le conocimos a Fernández, pero fue justamente el poder lo que le permitió que no se conozca nunca nada.

Por supuesto que los cargos también dan poder, porque la dimensión institucional es fundamental en Estados medianamente organizados. Los bloques de diputados o de senadores son un ejemplo, e incluso legisladores solitarios que tienen en sus manos la posibilidad de habilitar el quorum o conformar una mayoría de bloqueo. Pensemos, por caso, lo importante que puede ser llegar a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, espacio reservado a un puñado de argentinos que tiene la posibilidad de definir de qué manera se interpretan las leyes. 

El gobierno está decidido a que el juez Ariel Lijo integre el máximo tribunal. El juez es uno de los puntos más oscuros en un poder del Estado que de por sí ya está desacreditado por su funcionamiento opaco. Lijo es el nombre que suena cada vez que se revela algún entramado dudoso entre la política y la justicia. Es un personaje incapaz de justificar su nivel de vida, disfrutando de caballos caros, autos de lujo y propiedades muy bien ubicadas. Quizás por eso hay gente de todos los partidos que rechaza su nominación. Por eso mismo hay otros, en todos los partidos, que no ven las horas de que el juez llegue a la Corte.

Hace dos semanas, el 5 de agosto, hubo en el senado una Jornada por el Día Mundial contra la Trata de Personas. Allí pidió la palabra un señor, Roberto Mazzoni, para pronunciar un alegato que se viralizó recién la semana pasada. “Soy víctima de una red de trata, lo tengo denunciado en la causa 1052/2022 que está en el juzgado del Dr. Ariel Lijo y el fiscal es Ramiro González. Después del infierno que viví he tomado la decisión de denunciar con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina”, dijo. Además nombró a dos personas vinculadas al mundo de la salud, Alejandro Roemmers y Matías Barreiro.

Todo lo que acá se asegura es en potencial, porque es apenas la palabra de unas persona, pero en este país no hay mucho lugar para quitarle lo verosímil. La primera pista en la desaparición de Loan fue la de una red de trata; en el Chaco se desbarató una red de explotación sexual de mujeres beneficiarias de planes sociales; hace diez días detuvieron al padre de un diputado libertario misionero (al que le allanaron la casa) por integrar una red de pornografía infantil y pedofilia; y nunca hay que olvidar el caso de Independiente, padre Grassi, Próvolo, Natacha Jaitt, Cardenal Newman y demás (donde siempre hay algún capítulo cordobés).

De los nombres mencionados, el de Roemmers fue el más importante. Desde el entorno del empresario apelaron a lo mismo de siempre: hablaron de difamación y desacreditaron al hombre que lo mencionó, asegurando que tiene antecedentes por extorsión, hurto y violencia.

De eso se trata el poder: no cualquiera tiene los medios para evitar que el tema escale en los medios, a pesar de que muchos periodistas se llenan la boca hablando de que hay que enfrentarse a los grandes jugadores políticos y económicos del país. Hay poder económico, político e institucional que son mucho más fuertes que una denuncia que ni siquiera se hizo en redes sociales, sino en un espacio bastante reducido que estaba orientado a tratar el tema. No hubo ningún “yo te creo, hermano” de parte de las organizaciones que tratan el tema de los abusos y después votan para reducir las penas a los violadores.

Conozco a un par de personas que tienen algún tipo de relación con el laboratorio. Ninguno sabía nada del tema, que indudablemente explotó en twitter y no existió fuera de allí. Hubo un comunicado oficial para desmentir todo, pero apenas si lo reprodujeron un par de medios. Por más que se hable del poder de los laboratorios, en este país nunca parece ser suficiente: financian campañas, hacen negocios con el Estado, se relacionan con jueces y políticos o tienen comprado prácticamente todo el aire publicitario televisivo en el prime time como para no dejar nada librado al azar.

No hacen falta cargos para tener mucho poder. Esa posición es apenas un placebo para los zonzos que no se dan cuenta en dónde se manejan realmente las cosas.