Proyecto de género para TSJ y justicia en la previa para elegir vacante

Por Bettina Marengo

Sin novedades aún en el Senado sobre los dictámenes para las designaciones de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, en Córdoba hay movimientos legislativos en relación a la política de género para designar las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el aún no conformado pero creado Ministerio de la Defensa Pública. 

Esta semana podría entrar en comisión un proyecto que habla de “paridad de género” en los tres organismos judiciales mencionados, pero que no cuantifica con porcentajes ni obliga a un fifty-fifty, como sucede en la ley de equidad de género del Poder Legislativo provincial y del Congreso de la Nación. La iniciativa lleva la firma de la schiarettista Julieta Rinaldi y acompañan Nadia Fernández, llaryorista originaria de Alejandra Vigo, y la también schiarettista Victoria Busso. Hay otro proyecto anterior, cuya autora es la radical Brenda Austin y que va en el mismo sentido. “Se plantea paridad de género sin establecer cupo: por una cuestión interpretativa y teniendo en cuenta la composición del TSJ, claramente serían al menos tres integrantes mujeres”, señaló Rinaldi a este diario. Es posible que en quince días el tema se lleve al recinto.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora tiene para ocupar un lugar en el TSJ, el que dejó la jubilación de Mercedes Blanc de Arabel, y todos los cargos del Ministerio de la Defensa. En cuanto a la Fiscalía General, hay voces del entorno del sanfrancisqueño que hablan de una jubilación entre los adjuntos del cuerpo. Aunque las autoras del proyecto desligan toda vinculación con vacantes y lugares, la iniciativa se conoce cuando en los pasillos del llaryorismo aseguran que dejó de hibernar el tema del lugar disponible en el máximo tribunal de justicia de la provincia e incluso hablan de un segundo disponible. Lo que trascendió fue que el gobernador quiere justamente a una mujer para el cargo y que parte de su posición contemplativa con el juez Lijo en la Corte responde a su necesidad de avanzar con consenso en Córdoba.

El proyecto de Rinaldi-Fernández-Busso refuerza localmente el que presentó la senadora Alejandra Vigo en la cámara alta hace seis meses que pide que la Corte Suprema tenga, como mínimo, 30 por ciento de integrantes mujeres. El presidente Javier Milei propuso dos jueces varones, Lijo para reemplazar a la retirada Elena Highton de Nolasco y Garcia Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que se jubila a fin de año. De esta manera, el alto cuerpo volvería a ser integrado con cinco varones, sumando a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

Hasta ahora, ese proyecto de ley limitando la hegemonía testosterónica es lo único que se sabe de Vigo en relación a su posición sobre los pliegos de los dos nombres que promueve el libertario. De momento, la cordobesa no tendrá apuros en decidir porque La Libertad Avanza no tiene los nueve votos en la Comisión de Acuerdos del Senado para el dictamen que llevaría los pliegos al recinto. Todo está sujeto a la rosca entre el oficialismo nacional, de la mano de Santiago Caputo, el sector de Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de cuyo lado deberían salir los votos para destrabar la designación de Lijo. La pregunta sigue siendo si Vigo se sostendrá en su proyecto de equidad, jugará en línea con lo que dijo Llaryora, para quien el tema de la Corte le pertenece al Ejecutivo o se abstendrá o ausentará, llegado el caso.

El proyecto de las tres integrantes del bloque de Hacemos por Córdoba

 en la Unicameral tiene por fin “promover el acceso e incorporación igualitaria en los puestos de toma de decisiones en el Poder Judicial, respetando el principio de paridad de género”, señala el texto que cuenta con el apoyo, según sus firmantes, del gobernador Llaryora, y del propio Tribunal Superior de Justicia, cuyo presidente es el juez Luis Angulo. La inicatiativa define paridad de género como “la representación de varones y mujeres en la composición del Poder Judicial mediante la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en razón o por motivos de género”, aunque como se dijo, no cuantifica los sillones.