Nación busca cambio de eje y lanza Comando Córdoba (preocupación por Frontera)

Por Bettina Marengo

En medio del escándalo por el criptogate del presidente Javier Milei, la Nación buscó recuperar el control de la agenda con los temas de demanda pública y ayer anunció la creación del Comando Unificado Córdoba para la persecución de delitos vinculados al crimen organizado y narcotráfico, con participación de fuerzas federales y provinciales. El lanzamiento confirma la buena relación que mantiene el gobierno provincial y el nacional en el área específica de seguridad y exhibe la necesidad de la ministra Patricia Bullrich de mostrar resultados en conglomerados grandes, luego del recrudecimiento de los homicidios en Rosario, con los vínculos tensos con el gobierno de CABA y sin relación con Axel Kicillof por el crítico conurbano bonaerense. El texto de la resolución que crea el Comando habla de “creciente registro de delitos en la provincia que afecta la seguridad y tranquilidad de los cordobeses”, un dato que el oficialismo provincial relativiza y en todo caso admite en zonas puntuales, como la zona limítrofe Córdoba-Santa Fe en el departamento San Justo.

Lejos de verlo como una intervención, al gobernador Martin Llaryora y a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la novedad les cae muy bien. Bullrich es una de las funcionarias de Milei con mejor imagen en Córdoba y a nadie se le escapa que en la andanada de críticas que lanzó el gobernador en su discurso de inauguración de sesiones legislativas el 1 de febrero, la excepción fue lo que aportó la ministra de Seguridad en la provincia. Un vídeo, diez minutos y un aplauso le dedicó el sanfrancisqueño al tema, para solaz de Quinteros, quien se puede jactar de ser uno de los pocos ministros de Llaryora que habla directamente con su homólogo nacional. El otro par ordenado puede ser Guillermo Acosta con Luis Caputo, aunque el economista cordobés hoy está en la mira por el impuestazo.

Según la resolución que se conoció ayer, el Comando Unificado Córdoba estará integrado por la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), y representantes de la Policía de la Provincia de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La resolución establece que el comando operará por un período de 180 días, con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la situación de seguridad en la provincia. Estará bajo la coordinación del Director Nacional de la Gendarmería Nacional.

En la Provincia niegan que el lanzamiento responda a una emergencia en materia de seguridad y narcotráfico en la Provincia pero admiten el problema en Frontera y Santa Josefina, en el límite entre Santa Fe y Córdoba, en el departamento San Justo de donde proviene el mandatario, nacido en San Francisco. San Justo fue, junto a Córdoba Capital, sostén del triunfo electoral de Llaryora en el año 2023. El oficialismo necesita que esas bases no se muevan. Las fuentes consultadas hablan de un incremento de los heridos de bala y muertes en la zona, en enfrentamientos vinculados al narcotráfico, con repercusión en el hospital Iturraspe de San Francisco, que habría sido alertado al Panal por el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, del riñón del gobernador. Por este tema, la semana pasada, hubo contactos entre la secretaria de Seguridad de la Nación, la cordobesa Alejandra Monteoliva, y Quinteros. Ayer Monteoliva  viajó a Frontera, casi al mismo tiempo que se conocía el anuncio del Comando Unificado.

Fuera de esa zona roja, el Panal se entusiasma con buenos números en cuanto a homicidios, un delito que históricamente ha sido bajo en Córdoba y que había empezado a subir. Computan una baja de 13 a 5 homicidios en enero en comparación con enero del año pasado y dicen que febrero está “cayendo fuertemente” el índice. En Rosario, pese al “Plan Bandera”, hubo 29 homicidios en enero, un “verdadero desmadre”, dicen en oficinas cordobesistas. En cuanto a los delitos en general, destacan que esta provincia Córdoba tuvo el año pasado una tasa de 2,9% cada cien mil habitantes contra la tasa nacional del 3,8%. 

“Es ampliamente beneficioso”, afirman sobre el Comando en Seguridad de la Provincia, donde enumeran que son varios los proyectos conjuntos con Naciòn: el plan 90/10 también para operar sobre homicidios, la bajada de Prefectura a los lagos de la provincia, y la futura creación de un área de Información Patrimonial para detectar inversiones vinculadas al lavado de activos.