Schiaretti retruca a Massa: en Córdoba, paritaria mata bono

Por Yanina Soria

El gobernador Juan Schiaretti que desde el lunes suspendió sus actividades públicas producto del cuadro de Covid-19 que lo afecta, se desmarcó políticamente ayer del ministro-candidato Sergio Massa, a quien enfrentará en las urnas del próximo 22 de octubre. 

En las últimas horas, y tras la batería de anuncios económicos realizada por el postulante a presidente de Unión por la Patria, Córdoba avisó que no pagará a sus empleados el bono de 60 mil pesos dispuestos por Nación a liquidar en dos cuotas y a cuenta de acuerdos paritarios futuros, para trabajadores públicos y privados que cobren hasta 400 mil pesos mensuales.

Fue el secretario de la Gobernación de Córdoba, Julio Comello, quien en diálogo con Radio Pulxo salió a explicar por qué la Provincia no hará lugar a esa disposición nacional, sumándose así al concierto de más de una decena de distritos del interior que no ejecutarán la medida.

Pues, el gobierno de Córdoba entiende que esa cifra ya está absorbida en el acuerdo salarial cerrado con los representantes de los gremios estatales (excepto UEPC), que contempla un incremento del 20% en agosto sobre los salarios de julio, y otro 7% en septiembre sobre los salarios de agosto.

“Con el aumento que otorgamos al sector público, ningún trabajador tendrá un aumento menor a 33 mil pesos, con lo cual, lo que se anunció desde el gobierno Nacional como una medida excepcional, transitoria, no remunerativa y a cuenta de futuros aumentos, en Córdoba ya está consolidado con la porcentualidad que los escalafones tienen”, dijo el funcionario provincial en diálogo radial.    

Pero, además, desde la Provincia recordaron que, precisamente, para preservar el poder adquisitivo de esos salarios, desde septiembre en adelante se aplicará de manera automática la revisión de la pauta salarial acordada, tomando como indicador la inflación de Córdoba, “garantizando que los haberes no pierdan con la inflación”, dijeron.

Hasta ayer, casi la mitad de las provincias del del país habían resuelto rechazar el pedido del ministro-candidato de “hacer un esfuerzo” para mejorarle los ingresos a los trabajadores públicos, con lo cual ese anuncio queda entonces bastante diluido. Entre ellas, además de Córdoba, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, Misiones, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, y la ciudad de Buenos Aires. 

En Córdoba, además, ya se conocieron las posiciones de algunos intendentes que también rechazan la disposición nacional y que cuestionan, sobre todo políticamente, el anuncio de Massa. La mayoría lo lee en el marco de la campaña nacional que desarrolla el candidato a presidente del Frente de Todos. 

El sector privado también puso el grito en el cielo. Desde la UIA, CAME, el G6, hubo quejas por la decisión “unilateral”, pedidos de reconsideración de la medida y advertencias de que muchos sectores no pagarán el bono. 

Ayer, la UIA reclamó que los ajustes salariales se mantengan dentro de las paritarias y rechazó las sumas fijas por decreto. " Se genera una superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas". "Colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral", dijeron mediante un comunicado. 

Horas antes, la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel 'Kelly' Olmos, había convocado a los gremios a "acompañar" las medidas anunciadas por el ministro- candidato para "identificar a las empresas" que no cumplan con el pago de los 60 mil pesos para trabajadores y trabajadoras. 

Olmos, aclaró de paso que quienes reciban el beneficio no podrán comprar dólares. "Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa", dijo en una radio online, y recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.

"Las críticas de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y demás cámaras o empresarios son legítimas, aunque algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio", agregó la funcionaria nacional.