Presupuesto universitario 2026: el reclamo de Boretto y el contraste con el ajuste en los SRT

Por: Francisco Lopez Giorcelli 

La defensa del financiamiento universitario es una bandera transversal. Sin embargo, en la UNC esa demanda se proyecta sobre un escenario atravesado por decisiones internas que abren interrogantes sobre prioridades, gestión y modelo de universidad pública.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a poner sobre la mesa una advertencia que atraviesa a todo el sistema universitario: sin una recomposición real del Presupuesto 2026, la continuidad de las universidades públicas quedará seriamente comprometida. El planteo no admite demasiados matices. Salarios, funcionamiento cotidiano, investigación y extensión dependen de partidas que hoy resultan claramente insuficientes frente a la inflación y al ajuste sostenido del gasto público nacional. 

En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, se alineó con el reclamo y alertó sobre el impacto directo del desfinanciamiento en una institución clave del sistema.

El señalamiento es legítimo y difícil de cuestionar. La universidad pública atraviesa uno de los momentos presupuestarios más delicados de las últimas décadas y la exigencia de fondos no responde a una lógica corporativa, sino a la necesidad de sostener un derecho social básico. En sus intervenciones, Boretto insistió en que sin previsibilidad presupuestaria se pone en riesgo no solo la calidad educativa, sino también la capacidad de la UNC de garantizar condiciones mínimas de acceso, permanencia y egreso en un contexto social cada vez más desigual.

El reclamo del CIN, además, expresa una posición institucional que excede a cualquier rector en particular. Se trata de una defensa estructural del sistema universitario frente a un escenario nacional de recorte, donde la universidad aparece muchas veces como una variable de ajuste más. En ese punto, la postura de la UNC no solo es coherente, sino políticamente necesaria para sostener un frente común que interpele al Gobierno nacional y al Congreso, especialmente de cara a un año donde el debate presupuestario volverá a tensar la relación entre el Ejecutivo y las casas de estudio.

Sin embargo, el problema emerge cuando ese discurso legítimo convive con decisiones internas que tensionan el mensaje político. Durante 2024 y 2025, la gestión de Boretto avanzó con un proceso de ajuste significativo sobre los Servicios de Radio y Televisión (SRT), el multimedio universitario que históricamente funcionó como una de las principales herramientas de comunicación pública de la UNC. Retiros voluntarios, reducción de personal, conflictos salariales y una reestructuración profunda marcaron el pulso de un área estratégica que quedó expuesta a la lógica de la escasez.

La situación de los SRT no invalida el reclamo presupuestario, pero sí introduce una contradicción que debilita su potencia política. Mientras se exige financiamiento para sostener el sistema universitario, una parte relevante de ese sistema fue ajustada desde adentro. Para amplios sectores de la comunidad universitaria, los medios públicos de la UNC no son un gasto accesorio, sino un componente central del proyecto institucional, en tanto garantizan pluralidad informativa, extensión, formación profesional y presencia territorial.

En ese contraste se juega una tensión más profunda. La UNC, como muchas universidades del país, se ve obligada a administrar la escasez en un contexto adverso. Pero la forma en que se distribuye el ajuste también es una decisión política. Priorizar algunas áreas y resignar otras define un modelo de universidad, incluso cuando el discurso público se inscribe en la defensa del financiamiento general y de la universidad como bien social.

Con el calendario político universitario empezando a proyectarse hacia 2026, esta tensión adquiere una dimensión adicional. La disputa por el presupuesto no es solo una pelea por recursos, sino también por legitimidad y liderazgo dentro del sistema universitario. En ese escenario, la figura de Boretto sintetiza una situación compleja: encarna un reclamo justo y necesario frente al ajuste nacional, pero al mismo tiempo gestiona una universidad atravesada por recortes internos que generan malestar y cuestionamientos.

La discusión por el Presupuesto 2026, entonces, no es solo un debate contable. Es una disputa por el sentido de la universidad pública, por sus prioridades y por su capacidad de sostener un proyecto integral en un escenario de crisis prolongada. Y en esa disputa, la legitimidad del reclamo será tan fuerte como la consistencia del modelo de universidad que se pretende defender.