CARLOS PAZ | Las dos caras de la sanción que el avilecismo aplicará a concejales opositores

Estalló un nuevo foco de conflicto en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz tras una sesión especial que no pudo realizarse por falta de quórum. La convocatoria, impulsada por el intendente Esteban Avilés, derivó en una decisión polémica: el oficialismo resolvió sancionar con el descuento del 50% de sus haberes a cuatro concejales opositores que no se presentaron.

La medida no solo tensó el clima político, sino que abrió un debate de fondo sobre la legalidad de la convocatoria, la interpretación del reglamento interno y el uso de las mayorías dentro del cuerpo legislativo.

l conflicto se desató luego de una citación realizada el mismo jueves al mediodía para tratar una recomposición salarial destinada a trabajadores municipales y becarios, junto con la suspensión de aumentos de la planta política. La sesión fue fijada para las 19.30, tras el acto conmemorativo por el 24 de marzo.

En ese contexto, el dato político no es menor: si bien el oficialismo suele contar con número propio para alcanzar el quórum, en esta ocasión ya sabía que no tendría asistencia completa. Dos concejales —una oficialista y otra de un bloque minoritario— habían anticipado su ausencia, lo que dejaba la sesión atada a la presencia de la oposición.

Frente a ese escenario, los cuatro ediles opositores resolvieron no convalidar la convocatoria y enviaron un memo a la Presidencia del Concejo en el que exigieron respetar los plazos reglamentarios. Plantearon que una sesión especial debe convocarse con al menos 24 horas de anticipación y propusieron tratar el tema al día siguiente, dejando en claro que acompañarían el proyecto.

Pese a ese planteo, el oficialismo realizó el intento de sesionar. Desde el recinto, y mediante llamados por micrófono, se convocó a los concejales ausentes a ocupar sus bancas. Al no obtener respuesta, la sesión fue declarada frustrada y en ese instante se anunció la aplicación de la sanción económica.

Posiciones encontradas

Desde el oficialismo, el concejal Sebastián Guruceta defendió la medida y aseguró que la convocatoria se realizó en el marco de una urgencia administrativa. “Había una necesidad concreta de avanzar con la liquidación de haberes”, explicó, al justificar la intervención directa del Ejecutivo en convocar a una sesión especial. Sin embargo, hubo antecedentes donde la aprobación de este incremento se produjo el día 25 del mes. Asimismo, ante la frustrada sesión del jueves, no se convocó a una nueva fecha para tratar el proyecto de recomposición salarial.

Según su interpretación, el intendente tiene facultades para realizar este tipo de convocatorias sin ajustarse al mismo procedimiento que rige cuando la iniciativa parte de los concejales. En esa línea, sostuvo que la ausencia de los ediles opositores fue voluntaria y reiterada, y que la sanción se encuentra contemplada en los artículos 11 y 12 del reglamento interno.

El oficialismo también remarcó que no todos los ausentes fueron sancionados. Las concejales que habían avisado previamente su imposibilidad de asistir quedaron exceptuadas, y subrayaron que se penalizó únicamente la inasistencia injustificada.

Del otro lado, la oposición rechazó de plano esa lectura. El concejal Fernando Revello cuestionó la legalidad de la convocatoria y aseguró que el problema no es el contenido del proyecto, sino la forma. “No nos negamos a participar, advertimos que la sesión era irregular”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el reglamento exige un plazo mínimo de 24 horas para convocar sesiones especiales y advirtió que aceptar este tipo de mecanismos puede sentar un precedente riesgoso. “Hoy estamos de acuerdo con el aumento a los empleados municipales, pero mañana el avilecismo pueden imponer cualquier tema sin tiempo de análisis”, sostuvo.

Además, los ediles opositores cuestionaron el procedimiento de citación. Consideran que los llamados deben ser fehacientes y no mediante micrófono en el recinto. También señalaron que no hubo instancia real de descargo antes de aplicar la sanción.

Dos antecedentes previos

El conflicto actual encuentra eco en antecedentes recientes de la política local. En 2017, el avilecismo optó por no dar quórum en una sesión en la que la oposición tenía mayoría circunstancial e intentaba avanzar con proyectos sensibles. Aquella decisión fue justificada como una forma de frenar iniciativas que, según argumentaron, podrían afectar las finanzas municipales.

Ese episodio funciona hoy como un espejo incómodo. En aquel momento, fue el oficialismo quien utilizó la herramienta de no dar quórum; hoy, la situación se invierte y es la oposición la que queda bajo cuestionamiento.

A ese antecedente se suma otro más cercano: el del 26 de febrero pasado. Según Guruceta, esa convocatoria realizada a pedido de Avilés, sí contó con la presencia de los concejales opositores. Ese hecho es utilizado ahora como argumento para señalar una supuesta contradicción en la conducta de la minoría. Sin embargo, desde la oposición recuerdan que esa convocatoria sí contó con las 24 horas previas de aviso como marca la norma vigente.

Para la oposición, en cambio, la diferencia radica en el contexto y en la necesidad de no convalidar prácticas que, entienden, pueden consolidarse como norma.

La lectura política

Más allá de lo estrictamente reglamentario, la decisión de sancionar a los concejales opositores admite una lectura claramente política: exponerlos ante la opinión pública e instalar la idea de que perciben sus haberes sin cumplir con sus funciones.

Cabe señalar que el oficialismo cuenta con siete concejales y, en condiciones normales, dispone del quórum y de los votos necesarios para aprobar más del 80% de sus proyectos, con excepción de aquellos que requieren mayorías agravadas. En ese contexto, lo sucedido en esta sesión especial aparece como una excepción a la regla.

En este marco, distintos análisis coinciden en que la sanción económica tiene un fuerte valor simbólico: no solo representa un castigo concreto, sino también un mensaje político. Se inscribe en una estrategia orientada a instalar un relato que presenta a la oposición como irresponsable y poco comprometida con las bases democráticas, particularmente en un tema sensible como la aprobación de una suba salarial.

Una construcción que, para algunos, responde más a una lógica electoral, con el objetivo de posicionar al oficialismo como la única alternativa de gobierno y proyectar la continuidad en el poder hacia 2027.