Sin novedad en el frente (sindical)

Por Felipe Osman

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo, el pronóstico del propio presidente de “deflación”, y la inminente estampida de precios que motorizan la devaluación del tipo de cambio oficial, la poda progresiva de subsidios a la energía y el reordenamiento tarifario promete impactar con dureza en el salario real de los trabajadores. Y la pregunta que subyace es, ¿en qué condiciones está el sindicalismo, como dispositivo de poder, para salir al cruce?

Aunque las medidas de shock planteadas por Javier Milei, se sabe, acelerarán el proceso inflacionario, no es menos cierto que la CGT ha permanecido impasible durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que el índice de precios tuvo un crecimiento vertiginoso, pasando del 36,1 por ciento en 2020, al 50,9 por ciento en 2021, al 94,8 por ciento en 2022, y lleva acumulados 148 puntos en lo que va del 2023.

En los cuatro años del Frente de Todos, la central no hizo un solo paro general. Si hoy, sobre el más temprano inicio del gobierno de Milei, saliera de ese letargo, casi nadie dudaría en calificarla cualquier medida de fuerza o movilización como una reacción de kirchnerismo.

Pero además cabe preguntarse hasta dónde la impugnación que el votante promedio hace a la clase política, caracterizada por los liberales/libertarios como “casta”, no alcanza también a las conducciones sindicales, que durante años han convalidado las políticas del Frente de Todos, que no sólo desactivó las investigaciones iniciadas durante la gestión de Cambiemos, sino que además se ocupó de mantener en plazo los giros de la Superintendencia de Servicios de Salud a las Obras Sociales y de detener el proyecto de reforma del sistema sanitario que propuso el cristinismo, y que quitaba protagonismo a los sindicatos.

Quienes observan desde Córdoba el escenario gremial local y nacional entienden que solo la amenaza de una reforma laboral podría conseguir que una porción significativa del sindicalismo alcance la masa crítica necesaria para convocar a un plan de lucha. Descuentan, eso sí, que una fracción significativa del gremialismo podría mostrarse dispuesta a convalidar cambios en el ordenamiento laboral, con el fundamento –más o menos sólido- de superar el estancamiento del empleo formal.

El rol que desempeñarán los movimientos sociales es otra incógnita. De momento, son los principales damnificados por las medidas anunciadas por Caputo y la intención del nuevo gobierno de “cortar los intermediarios” en la ayuda social. Algo que no desagrada al gremialismo.

Documento

La CGT Nacional lanzó ayer un comunicado titulado “No es ‘la casta’, al ajuste lo paga el pueblo”.

En él, denunció que “el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el Gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios” y que, por lo tanto, “el anunciado ajuste no sólo ajusta a la denominada casta, como se prometió en la campaña” sino que recae “sobre el pueblo”.

Luego, la central se pronunció, una vez más, por la progresividad de los derechos laborales, y apuntó que si las medidas anunciadas no son acompañadas por una política de ingresos ejercida a través del “libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”. 

La central también denunció que las medidas anunciadas eran un “disciplinador social” que, además, traerá aparejada la “paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo”. 

Al final de la misiva, la CGT, conciliadora, expresa que su vocación sigue siendo “contribuir a la gobernabilidad”, por lo que considera “imprescindible” una convocatoria al diálogo, y advierte que no se quedará “de brazos cruzados”.