Por Bettina Marengo

Se movió el avispero del PJ Capital con el arribo de la ahora exlegisladora provincial Natalia Quiñonez al Ministerio de Seguridad de la Provincia que conduce el extrapartidario Juan Pablo Quinteros, donde la dirigente de la seccional Quinta fue designada como subsecretaria de Sistema Integrado de Seguridad Pública de esa sensible cartera. Parece que el lugar era apetecido por otres dirigentes, con el argumento de que se trata de un área donde hay que tener formación específica.

Quiñonez viene del riñón de la senadora nacional Alejandra Vigo, referente del peronismo capitalino que logró meter a varios de los suyos en las listas legislativas de Hacemos Unidos por Córdoba en la Unicameral y en el Concejo Deliberante. En la sesión legislativa de ayer, en un trámite presidido por la vicegobernadora Miriam Prunotto, la cámara le otorgó licencia en su banca y tomó juramento a su reemplazo, la también peronista capitalina y también con terminal en la senadora nacional Stella Maris Peralta, ex subdirectora del CPC de Rancagua y militante de la seccional 13.

El desembarco de Quiñones puede ser visto como la llegada del largo brazo de Vigo a un ministerio estratégico para el cordobesismo, donde Martin Llaryora apuesta mucho en términos de opinión pública, donde la esposa de Juan Schiaretti no tenía juego y no había presencia de mujeres en las segundas y terceras líneas. La ciudad Capital es el conglomerado donde se concentra el grueso de población provincial y de los casos de inseguridad, y la estructura ministerial no tenía, por así decirlo, representación política-territorial entre las primeras líneas, más allá del jefe de la cartera. Además, en los corrillos peronchos consideran “propio” casi únicamente a Angel “Lito” Bevilacqua, ex intendente de Noetinger, exsecretario de Gobierno, y ahora secretario de Seguridad. Quinteros tiene en la estructura a Marcelo Zornada en el cargo que fue del imputado Diego Concha, al técnico José Emilio Graglia a cargo del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC) y autor de la nueva ley de Seguridad que en el propio oficialismo dicen tiene inconsistencias, al exfuncionario de la bonaerense Maria Eugenia Vidal, Gustavo Alfredo Ferrari, al coronel retirado Guillermo Castellanos, en la subsecretaría de Planificación Estratégica, y el ex intendente de Alicia, departamento San Justo, Jose Gualdoni, entre otros. 

Según trascendió, la idea es que Quiñonez, exconcejala de Colonia Lola, barrio inserto en una de las denominadas “zonas rojas” de la ciudad de Córdoba, articule y sea vínculo con movimientos sociales que siguen funcionando como garantía de contención y organización barrial frente al deterioro social que vive la población por la grave crisis de inflación y recesión. En la (única) reunión de gabinete ampliado que realizó en el Panal el gobernador hace un par de semanas, pidió reforzar la territorialidad de la gestión en todas las áreas.

“La objeción no es con ella, sino que se considera que no está formada en un tema tan específico como es la seguridad”, deslizó una fuente con sumo cuidado, que entiende que Vigo también quiso darle una “lección” a dirigentes ansiosos por ingresar al área. Como se dijo, el largo brazo. “Acá hay gente que sabe más de esto”, mencionan. Hablan del Concejo y también de funcionarios de secretarías del Ejecutivo municipal.

Cerca del ministro Quiñonez evitan comentarios. Aseguran que la incorporación de Quiñonez estaba decidida desde antes del reclamo de Llaryora de aumentar el repliegue territorial y recalcan que ambos, el ministro y la nueva funcionaria del Ejecutivo, se conocen desde sus tiempos de ediles en el Concejo Deliberante, claro que en bloques enfrentados.