La aprobación de la ley Bases despertó buenas noticias económicas

brindó el organismo, sin embargo, se acercó mucho más al que publicó la semana pasada la dirección estadística porteña (4,4%) para el quinto mes del año.

“Con el dato de mayo, se profundizó el proceso de desinflación en curso”, escribió Caputo. “La media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde julio de 2023, y resultó casi 6 puntos inferior a la media móvil de seis meses. Este último indicador, que todavía incorpora los meses donde se produjeron los principales sinceramientos de precios relativos (tipo de cambio, bienes y servicios bajo controles de precios y tarifas de servicios públicos), ya es el más bajo desde diciembre”, dijo.

El debate que se instaló actualmente entre los expertos locales e internacionales y el oficialismo es si la baja de inflación encontró un piso que le será difícil perforar por la fuerte inercia de precios en la Argentina y por la necesidad del Gobierno de seguir sincerando los precios relativos de la economía.

Por caso, el REM estimó que en junio la inflación sería levemente mayor –sólo unas décimas- a la de mayo. La proyectó, semanas atrás, en un 5,5%. Para el año, los economistas prevén un avance de 146,4%. Se trata de casi 65 puntos porcentuales menos a los que 211,4% que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2023, con tarifas pisadas, dólar atrasado y miles de precios casi fijos en los programas oficiales dedicados a la campaña. Esa marca, parece, seguirá siendo la más elevada en más de tres décadas.

Para seguir mostrando una expectativa de inflación a la baja, el mayor objetivo del Ministerio de Economía, se decidió postergar la aplicación del impuesto a los combustibles y de una nueva suba de tarifas de los servicios públicos en mayo. Todo se pasó a este mes. Además, el Gobierno digitó los aumentos que las prepagas podían o no aplicar en el primer semestre, e hizo que las empresas de medicina privada recalcularan los que había aplicado en ese período, números que superaban al IPC calculado por el Indec. Por otra parte, la Justicia obligó a las firmas a devolver en doce meses lo “cobrado en exceso”.