La carta que jugó el gobernador Martín Llaryora esta semana en acuerdo con el ahora ex Defensor del Pueblo, Mario Decara, para nombrar a Carlos Galoppo como adjunto, un hombre de confianza del radical que debió dejar la función el 3 de julio, sigue generando repercusiones.

Mientras el oficialismo no muestra ningún tipo de apuro para acelerar el trámite de nombramiento en la Legislatura que, por ley, necesita contar con los dos tercios, en la oposición hay intereses cruzados.

En “Mesa Chica”, el streaming de diario ALFIL, el presidente Provisional de la Cámara, Facundo Torres, dejo en claro que, por ahora, el que quedará al frente será el Adjunto nombrado por el mismo Decara.

“El tema fue motivo de muchísimas especulaciones por parte de la oposición que entienden que tienen algún derecho adquirido con respecto al cargo, aunque en realidad eso no está consignado en ningún lado. En definitiva, tampoco hubo ni existe una oposición homogénea, ¿cuál es la postura de la oposición? ¿los que piden a (Marcos) Carasso; los que piden a Julio Ochoa; el PRO que impulsa a Agustín de La Reta; Aurelio García Elorrio? … esta fragmentación que existe en el radicalismo generó que no haya un pedido unísono. Y me parece que, por ahora, quedará el adjunto hasta que exista en la Cámara los dos tercios”, dijo Torres.

Lo cierto es que hoy entrará en la Unicameral el proyecto de resolución impulsado por el juecista, Walter Gispert, legislador por Punilla, para convocar a sesión del pleno legislativo con el propósito de abordar de “manera urgente” la designación del nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia.

El parlamentario cita el artículo 124 de la Constitución Nacional y los Artículos 1 y 7 de la Ley 7.741. “El mandato del Defensor del Pueblo ha llegado a su término sin que hasta el momento se haya procedido a su designación por parte de la Legislatura. Según lo establecido por la Constitución Provincial y la ley mencionada, es imperativo completar este proceso para asegurar la continuidad en la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos, así como en la supervisión de la eficacia en la prestación de servicios públicos y la aplicación de las leyes”, dijo el carlospacense.

El tema cruza intereses del propio Interbloque de Juntos por el Cambio donde, fundamentalmente el radicalismo aspira a quedarse con ese lugar tan apetecible para la política.

Por lo que, posiblemente, el proyecto presentado por el legislador del Frente Cívico ni siquiera cuente con el respaldo cerrado de todo el Interbloque. Además de proponer un nombre, se necesitan los dos tercios de los votos para aprobarlos; y un recinto como el actual donde no hay mayoría clara, el tema demandará un amplio consenso que hoy a la luz de los hechos, claramente no está.

Aun así, Gispert insiste que “aunque actualmente las funciones del Defensor del Pueblo están siendo ejercidas por el Defensor Adjunto, es fundamental proceder con la designación formal mediante el proceso legislativo correspondiente, conforme a los principios constitucionales vigentes”. Y puso como ejemplo lo sucedido con la Defensoría del Pueblo a nivel nacional donde, desde el 2009 tras la renuncia del cordobés peronista Eduardo Mondino, está acéfala. Nunca más el Congreso nombró al titular de la entidad que sigue funcionando, con presupuesto propio, pero con un rol desdibujado.

En eso es lo que, según el legislador de Punilla, busca evitar que se transforme la Defensoría de Córdoba que, bien vale recordar, tiene aprobado para este 2024 un presupuesto superior a los 3000 millones de pesos.