Nobleza burocrática

Por Javier Boher 

rjboher@gmail.com

Los ciudadanos de a pie siempre están en inferioridad de condiciones frente al Estado. No importa si hay instituciones más o menos fuertes, cada individuo está en desventaja frente a esa mole que excede y sobrevive a las personas.

La alternativa a ese desamparo es la organización de la sociedad civil en colectivos que puedan reclamar y presionar sobre ese Estado, una manera de obligar a que de alguna manera se tomen decisiones que no perjudiquen a los ciudadanos. Los sindicatos son algunas de esas organizaciones, como también lo son las entidades empresariales, los partidos políticos y las ONGs. Por ahora nos vamos a quedar con los sindicatos, pero con un tipo en particular, los de empleados estatales. Si el Estado es una organización poderosa contra los individuos y los sindicatos son una forma de equilibrar ese poder, un sindicato estatal implica unir dos mundos en perjuicio del ciudadano.

Los gremios estatales cuentan con la ventaja de que pueden impedir el funcionamiento del Estado cuando están en conflicto, pero también pueden actuar con la fuerza del Estado cuando lo necesitan. Si el Estado cuando organización represiva es un riesgo para los individuos, particulares con acceso a nuestra información actuando bajo el paraguas de un sindicato son mucho peores. Como si eso no fuese suficiente, las redes de lealtad por los vínculos filiares emanados de la condición hereditaria de los cargos potencia todo hasta el infinito.

Afortunadamente el gobierno decidió cortar con esa prerrogativa con la que contaban los empleados públicos en AFIP y en otros organismos. Si la Constitución establece que para el trabajo público hay que ser idóneo, emplear a personas por ser hijos de empleados jubilados o fallecidos es absolutamente contrario a ello. El hijo de Ramón Díaz fichaba en los clubes en los que entrenaba el padre, sin mérito para ello. No jugaba nunca y lógicamente terminó con problemas. ¿Por qué habría de ser distinto cuando se trata del sector público?

Ese tipo de prácticas son las que abundan en el Estado y que contribuyen al mal desempeño económico del país. La política funciona bien, a partir de que se negocian este tipo de beneficios sectoriales que permiten el funcionamiento del aparato estatal, que empieza perdiendo eficiencia y termina perdiendo su eficacia. Ese es el punto actual del Estado argentino, en el que prácticamente no sirve para nada de lo que debería, víctima de algo así como una hemofilia burocrática producto de la sangre azul de sus cuadros.

La existencia de cargos hereditarios en el sector público es contrario a toda la bibliografía existente sobre la burocracia, al menos en los estudios serios de países desarrollados y no en los que se encuentran en países como este, donde un profesor de Teoría de la Administración Pública nos llegó a decir que acá había que institucionalizar la viveza criolla, o los atajos para conseguir que la burocracia haga lo que tiene que hacer. Hace un siglo se sabe que tiene que tener reglas, un orden jerárquico, impersonalidad en el trato, ingreso y ascensos basados en el mérito, especialización yuchas.cosas más. ¿Cómo se supone que se respeten esas cosas si un empleado ingresante en un rango bajo es hijo del ex jefe de quien hoy debería ponerle límites? Así es imposible que las cosas funcionen.

En algún momento de simpatía anarquista me dio por leer a Chomsky. El lingüista planteaba la eliminación del Estado -como todos los anarquistas- y la organización de la sociedad con base en los sindicatos -postulado básico del anarcosindicalismo-. Lo insólito y absurdo es que planteaba que a las funciones estatales las debían asumir los sindicatos de empleados públicos. Imaginar nuestra vida sujeta a la voluntad de ATE, UPCN, SEP o SUOEM me hizo darme cuenta que el norteamericano escribe desde la comodidad de un Estado que funciona, no donde todas las redes políticas están montadas en contra de los individuos y a favor de los que están en el sector público (y de los hijos que van a entrar a reemplazarlos).

Lo mejor que se ha hecho hasta ahora respecto al Estado es limitarlo con reglas y controles para proteger a los individuos. Todo lo otro no ha funcionado. No sirve permitir que organizaciones con intereses particulares capturen alguna de sus áreas. No sirve que no haya un sistema de acceso meritocrático a la administración pública. No sirve que los gremios se valgan de los recursos públicos con fines particulares. Los que lloraban que no hay que achicar el Estado, sino hacerlo más eficiente, ahora se quejan de este tipo de decretos que apuntan esa dirección. Queda bastante más claro desde dónde lo decían. Casi con certeza que desde algún carguito heredado.