Sube el dólar en Brasil y enciende luces amarillas en la Argentina
En promedio 15% de las exportaciones de Córdoba van a ese destino. El gobierno de Lula presentó un paquete fiscal que incluye gravar a los más ricos y quitar presión a segmentos más bajos. Brasil muestra indicadores sólidos en empleo, consumo y producción industrial.
El dólar subió en Brasil y el real quedó en un mínimo histórico: seis reales por cada dólar. El alza la provocó el anuncio por parte de la administración de Inacio “Lula” da Silva de un paquete fiscal que incluye gravar a los súper ricos y eximir del impuesto a las ganancias a quienes perciban hasta 5.000 reales mensuales, lo que provocó temores por el déficit presupuestario en el país. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, presentó “la mayor reforma del impuesto a las ganancias en nuestra historia” al elevar el umbral exento de impuestos a 5000 reales (US$842 ) mensuales, desde los 2.824 reales (US$473) actuales, compensando la pérdida de ingresos con mayores impuestos para quienes ganen más de 50.000 reales (US$8380).
La devaluación del real podría complicar las exportaciones argentinas que tienen a Brasil como principal destino de las operaciones. Entre enero y octubre los envíos representaron 16,6% del total (con un alza de 9,8% respecto al mismo período del 2023). Por el lado de las importaciones, 23% son brasileras. Para Córdoba, es lo mismo; el mercado brasileño representa entre 14% y 17% del total de la venta afuera.
Un dólar más alto en Brasil genera más importaciones para la Argentina y, a la vez, menos exportaciones ya que les quita competitividad por tipo de cambio a las empresas argentinas. A eso hay que sumarle que mientras el mayor socio del Mercosur viene devaluando el real a los niveles más bajos en dos décadas, el peso argentino viene acumulando una apreciación significativa.
El paquete fiscal, presentado con un mes de retraso respecto a lo planeado inicialmente, llega en un contexto de presión sobre los mercados. Los inversores han manifestado escepticismo sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales, lo que ha generado una continua depreciación del real frente al dólar.
Haddad enfrentó tensiones internas en el gobierno, donde prevaleció la decisión de cumplir con las promesas de campaña de Lula, incluso si ello conlleva desafíos adicionales para las metas fiscales.
El Ministro explicó que el impacto fiscal de las medidas será de US$5.890 millones, el que será compensado por un aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos, bajo la premisa de que “quien gana más debe contribuir más”. Estas propuestas serán debatidas en el Congreso y entrarían en vigencia en 2026. Los que ganen más de US$100.000 al año verían aumentar su tipo efectivo del impuesto sobre la renta, llegando al 10% para las personas que reciban US$167.000 al año. El tipo efectivo actual es del 4,2% para el 1% de los que más ganan y del 1,75% para el 0,01%, según datos del Gobierno.
Para cubrir el resto del golpe fiscal, el gobierno pondría fin a la exención del impuesto sobre la renta para los jubilados con enfermedades graves o que hayan sufrido accidentes y ganen más de US$2.240 al mes, entre otras medidas.
Haddad también presentó los elementos clave de un esperado paquete de recortes de gastos, que se espera genere ahorros por US$11.800 millones en los próximos dos años, pero que se vio opacado por el anuncio de la reforma tributaria. Afirmó que las propuestas “consolidan el compromiso del gobierno con la sostenibilidad fiscal del país” y las calificó como una elección “corajuda pero acertada” para garantizar “un Brasil más fuerte, justo y equilibrado en el futuro”.
El plan incluye ajustes en el techo salarial del sueldo mínimo, revisiones de los beneficios y topes salariales para empleados públicos y jubilaciones militares. El objetivo central es garantizar el cumplimiento del “marco fiscal”, una norma que limita el crecimiento del gasto hasta 2026, cuando termina el mandato de Da Silva. Ante la cotización récord de ayer, Haddad trató de calmar al mercado enfatizando que las medidas serían fiscalmente neutrales y sólo entrarían en vigor en 2026 tras la aprobación legislativa.
Al ser interrogado sobre la introducción de la medida ahora, a pesar de que su aplicación sólo está prevista para 2026, dijo que la decisión era “finalizar todas las medidas este año” para dejar “claro nuestro proyecto”.
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