La Legislatura se lleva los billetes

El escándalo de Kraisman destapó la crisis de los contratados, un pozo oscuro de gasto para la política

Nacional30 de enero de 2025Javier BoherJavier Boher
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Por Javier Boher 
Una de las razones por las cuales funciona el populismo es por su excesiva simplificación de las cosas, que implica -además- que hay un grupo al que se considera malo y vicioso, en oposición al grupo bueno y puro que encabeza el proceso. Milei es el líder de “las fuerzas del cielo”, el grupo que viene a terminar con “la casta”.
Ese argumento sencillo fue suficiente para aglutinar fuerzas sociales dispersas que entienden distintas cosas cuando les hablan de casta. No es lo mismo para los que tienen que lidiar con conducciones gremiales enquistadas que para los que ven siempre las mismas caras en las boletas, elección tras elección. Por esa misma simpleza que le da su fuerza se llega también a su debilidad: hay castas que zafan de ser puestas bajo la lupa.
La política cordobesa se agitó después del último escándalo de Guillermo Kraisman, que remitió directamente al caso de Chocolate Rigau. Contratos irregulares en la legislatura provincial usados en beneficio de dirigentes que están un poco más arriba en la jerarquía partidaria.
La provincia no es tema habitual de esta columna, pero ahora hay que hacer la excepción. El caso agitó el avispero en uno de los poderes más opacos del Estado, a pesar de que debería ser la principal obsesión de los ciudadanos de la provincia por ser el origen de las normas que regulan buena parte de sus vidas, por eso se pudo ver desfilar a los contratados para ratificar su condición laboral.
A partir de esto es que la vicegobernadora, Myrian Prunotto, se convirtió en la cara visible de la posición oficial, ya que es quien encabeza el poder en cuestión. Tras los controles de los últimos días informó que en la Legislatura provincial hay 1.071 contratados, lo que da un promedio de 15,3 empleados por legislador. Por supuesto que no todos están al servicio de los representantes del pueblo de la provincia, pero la realidad es que hay aún más empleados en el poder legislativo en planta permanente, de allí que cualquier número es demasiado para lo que hace efectivamente la Legislatura.
El ejemplo siempre termina siendo el mismo como para exponer el absurdo, el pobre departamento Minas. El legislador departamental electo en las últimas elecciones lo hizo con 1.599 votos. Así -y siempre exponiendo un caso extremo- hay un contratado cada 100 votantes del legislador. Así, si esos contratados son fantasmas usados para pagar política, cada votante del legislador en cuestión podría recibir una mensualidad de $10.000, o un regalo de casi medio millón de pesos antes de la elección (si nos guiamos por el millón que quiso retirar Kraisman del banco).
Siempre hay plata en la política, pero este tipo de situaciones demuestran concretamente de qué se está hablando y cuánto le cuesta a los ciudadanos, porque ese dinero sale de los impuestos que pagan todos. ¿Qué tipo de prestaciones estatales se podrían solventar con esa misma plata? 
Los contratados en la Legislatura son un ejemplo de todo lo que no funciona en el país y la provincia, con una gran ineficiencia en el gasto público. Si cumplen tareas administrativas o no políticas, ya se paga por empleados de planta permanente que deberían estar ejerciendo ese rol. Si se los contrata como asesores también es un gasto duplicado, ya que los partidos políticos reciben dinero público para solventar sus gastos de funcionamiento, entre los que se debería contar a esos cuadros técnicos. El gasto en contratados no tiene ningún sentido, salvo que se lo piense como una de las formas oscuras de financiar la política. Lo más impresionante de todo esto es que muchos no ven que haya allí una casta. Todos eligen contar las monedas del Congreso Nacional, mientras acá en la Legislatura los que viven de la política desde siempre se encargan de llevarse los billetes.
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