Redacción Alfil
El Gobierno Nacional denunció penalmente a la Jueza de la justicia porteña, Karina Andrade. La mujer fue responsable de liberar a más de 100 detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados.
De acuerdo a lo que publicó Bullrich en su cuenta de X, la magistrada fue acusada por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, basado en la resolución de la magistrada que dispuso la liberación de 114 detenidos.
"Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes", denunció la Patricia Bullrich en su cuenta de X.
"No fue un error, fue complicidad", apuntó la ministra y siguió: "violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes".
El Ministerio de Seguridad describe que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.
De acuerdo a la acusació, la jueza no solo habría liberado a los presos a través de un portal de mensajería instantánea, acto que no deja un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, sino que también habría permitido que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que sería una violación al Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los detenidos que fueron liberados había personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que agrava aún más la actuación de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo especificado en la denuncia, la jueza no verificó las pruebas ni los antecedentes de los detenidos antes de ordenar su liberación, lo que contraviene la legislación vigente. El caso recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la magistrada María Servini.
El Ministerio también menciona que, al analizar la situación, la jueza incumplió con el procedimiento de flagrancia que establece que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.
