Yanina Soria
Por Yanina Soria
No sucede frecuentemente, pero existen varios antecedentes en Córdoba. Los procesos de revocatoria contra intendentes, jefes comunales, concejales y tribunos han tenido lugar a lo largo de las últimas tres décadas en la Provincia, desde que rige la Ley Orgánica Municipal 8102. En 1987 la Legislatura aprobó la normativa para ordenar el funcionamiento de aquellos gobiernos locales que no cuentan con Carta Orgánica propia, y precisamente el instituto de la revocatoria de mandato está contemplado allí.
En este momento, el tema ocupa un lugar en la agenda de la política local: pues hay un proceso en marcha en la ciudad de Mendiolaza y otro que fue recientemente rechazado por la Justicia en la localidad de Anisacate.
Y si bien se trata de casos aislados de un universo total de 426 distritos que conforman el tablero de municipios y comunas en Córdoba, el impacto social y político en tiempos de redes sociales y de rápida mediatización, es alto. También le suma cierto condimento el hecho de que se trata de dos intendentas mujeres que gobiernan por primera vez, y que vienen de imponerse en las urnas a estructuras políticas históricas como fue la que encabezó el radical Daniel Salibi en Mendiolaza y el peronista Ramón Zalazar en Aniscate, ambos con más de un cuarto de siglo en los respectivos poderes municipales.
¿Qué posición toma la Provincia frente a este tipo de situaciones? Ninguna, respondieron categóricamente. Y recordaron que el Gobierno no interviene en estos procesos que deben resolverse a nivel local con la junta electoral, tal cual lo ordena la Ley Orgánica.
Desde la gestión llaryorista aseguran que acompañan a todos los gobiernos municipales “por igual” con el propósito de mejorarle la vida a los cordobeses del interior, pero sin entrometerse en las administraciones de cada localidad.
Y aunque los de hoy se trate de conflictos focalizados con posibles desenlaces ajenos a las responsabilidades del Gobierno central, es cierto también que la política provincial no ignora lo que está pasando. Desde el Panal monitorean la situación de Mendiolaza y Anisacate; que un proceso de revocatoria se convierta en la respuesta ciudadana inmediata frente a un descontento social no sería lo óptimo. Muchos menos que hubiera una especie de efecto contagio en el interior.
De hecho, hay un incipiente ruido político también en la localidad de Saldán gobernada por la peronista Carolina Cristoria, quien en las últimas horas advirtió sobre un intento de “desestabilización” contra su gobierno local, a través de la propagación de una fake news. Desde su gestión hablan de “fuego amigo” ya que los movimientos vendrían del propio peronismo que es oficialismo en Saldán. Por ahora, no hay nada más que eso.
Volviendo a Mendiolaza y Anisacate, también corresponde decir que más allá de las consideraciones objetivas realizadas sobre Adela Arning y Natalia Contini en cuanto que se trata de dos mujeres que desterraron del poder a estructuras hegemónicas, eso no significa que el descontento de los vecinos no sea genuino. Sobre todo, lo que manifiestan en la localidad del departamento Colón con el Ejecutivo municipal, donde el proceso está avanzado.
Y aunque la intendenta del PRO asegure que detrás de la movida está la mano negra de la política y acuse a sus detractores, la realidad es que los ciudadanos reportan inacción del Estado frente a problemas básicos como desmalezado, recolección de residuos, bacheo, luminarias, entre otros, sumados a la intención de aumentar considerablemente las tasas. Por eso, el propósito final de algunos de ellos es destituir a la intendenta Arning y que haya comicios locales nuevamente.
Y el proceso está en marcha; una vez finalizada la etapa de ratificación del pedido original (con el 3% de las firmas de vecinos empadronados) el trámite continuará si se ha obtenido el 10% de las firmas certificadas. Y si avanza, luego serán los propios ciudadanos quienes decidirán por el sí o el no a la destitución de la intendenta de Mauricio Macri en Córdoba.
Por su lado, en Anisacate, Natalia Contini enfrentó una embestida similar que, por ahora, quedó desactivada. La Justicia de Paz emitió una resolución entendiendo que los peticionantes no certificaron correctamente el 3% de las firmas para avalar la iniciativa. La jefa comunal del departamento Santa María asegura que el kirchnerismo y justicialismo local están detrás de esa maniobra porque nunca terminaron de aceptar la derrota electoral del ´23.
Contini hace una lectura común de lo que sucede en su localidad y en Mendiolaza: “Se da la particularidad que somos mujeres que derrocamos a señores feudales eternizados en los gobiernos, todos corruptos, y con poder suficiente para pisarnos a nosotras que venimos de la ciudadanía común y no tenemos militancia ni padrinos. Pero yo los voy a enfrentar públicamente y denunciar. Ya lo han visto, voy a ir hasta el final”, le dijo ayer a Alfil.
