Redacción Alfil
Todavía sin poder calibrar hasta dónde golpeará el caso Barrelier y sus derivaciones a la administración municipal, el intendente Daniel Passerini no puede cerrar ese frente político y la presión de la oposición es cada vez más fuerte.
En el propio peronismo provincial reconocen por lo bajo que el jefe comunal se lleva la peor parte de la crisis, golpeando duro a una gestión que -paradójicamente- venía intentando revertir la consideración que sobre ella tienen sus vecinos.
Si bien Passerini tomó decisiones de manera inmediata y las ofreció como respuestas políticas frente al escándalo destapado ya que el femicida era empleado municipal, acogido por el gobierno peronista (durante la gestión de Martín Llaryora) y protegido por el poder político que representó Ricardo Moreno, la oposición va por más. Y el Concejo Deliberante es la principal caja de resonancia.
Sucede que, satelitalmente al femicidio en sí, comienzan a emerger otras cuestiones que ponen la lupa en el accionar municipal frente a las habilitaciones de bares y el funcionamiento de la noche en Córdoba. Hoy está en el centro de la escena el bar Wachitas, donde trabajaba Soledad Andreani, la dueña del auto que Barrelier utilizó para trasladar los restos de Agostina Vega, detenida e imputada por encubrimiento agravado. Mientras se investiga si existe alguna conexión entre el caso de la niña asesinada y una posible red de trata, ayer trascendió en el programa del Lagarto el testimonio de una ex empleada del lugar que le apuntó a Andreani como proxeneta relatando una red de prostitución, incluso de menores. La defensa de la mujer acusada aclaró que ese nuevo testimonio nada tiene que ver con la imputación que hoy le cabe.
El caso se pone cada vez más vidrioso y comienzan a aparecer nombres vinculados a la política local. Ahí es donde apunta la oposición para conocer si hubo irregularidades y establecer responsabilidades.
La concejala del Frente Cívico, Graciela Villata, dijo que la semana pasada en Labor Parlamentaria se había acordado que ayer miércoles comparecería en el Concejo, Ezequiel Hormaeche, titular del Ente de Fiscalización y Control. Algo que no sucedió finalmente. En cambio, quien sí acudió fue Sergio Lorenzatti, secretario de Capital Humano, pero para explicar la ordenanza enviada por el gobierno municipal para endurecer las exigencias en cuanto a certificados de los empleados.
Los ediles acusan al Ejecutivo municipal de encubrir información sobre Wachistas bar, un local que se terminó de habilitar el 2 de junio pasado y ese mismo día se clausuró, por lo que ahora amplían sus pedidos de informes para conocer más sobre las autorizaciones en la noche cordobesa.
Lo cierto es que ayer, cinco bloques opositores, el Frente Cívico, la Unión Cívica Radical, Pro, Cordobeses x la libertad y Ciudadanos, firmaron un comunicado reprochando la decisión del oficialismo de impedir el tratamiento del pedido de informes sobre Wachitas Bar y cuestionaron directamente la responsabilidad política del Ejecutivo Municipal en los controles y habilitaciones de este tipo de establecimientos.
“A pesar del compromiso asumido durante la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada, el tema fue excluido del temario de la comisión correspondiente. Tampoco se concretó la convocatoria del titular del Ente de Control y Fiscalización, que es funcionario clave para explicar qué controles realizó el municipio y bajo qué condiciones continuó funcionando el local”, dijo Elisa Cafaratti, presidenta del bloque UCR.
En esa nota, los ediles señalaron que ya no alcanza con responsabilizar exclusivamente a los propietarios de los locales involucrados. "Existe una responsabilidad política ineludible del Ejecutivo Municipal. Los bares no se habilitan solos, no funcionan solos y no permanecen abiertos sin la intervención de las áreas de control del municipio", afirmaron endureciendo su posicionamiento. Sostiene que el intendente y su gabinete deben explicar quién controlaba estos establecimientos, cuántas inspecciones se realizaron, qué irregularidades fueron detectadas y por qué, pese a las denuncias y antecedentes conocidos, continuaron desarrollando actividades que excedían largamente el simple expendio de bebidas.
"No vamos a aceptar el silencio como respuesta. Cada día que pasa sin explicaciones fortalece las sospechas sobre la existencia de graves fallas en los mecanismos de control municipal o, peor aún, de una decisión política de mirar para otro lado”, agregaron.
Lejos de soltar el tema, la oposición asegura que irá a fondo abriendo in nuevo frente de desgaste para gestión del intendente Passerini.
