Llaryora lanzó ambicioso plan territorial de seguridad en Capital (sin Passerini)

Por Bettina Marengo

Preocupado por los números de la inseguridad y el aumento de los casos de detenciones por “primer delito”, el gobernador Martín Llaryora lanzó su gran apuesta de seguridad en Capital: el plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia, el segundo esquema contra el delito que monta su gobierno luego de las guardias urbanas a nivel provincial, todo en el marco de la ley de Seguridad 10.954, sancionada en el inicio de la gestión, en diciembre del 2023.

Según los datos recientes de la justicia electoral nacional, en Córdoba Capital vota el 36,4% del padrón provincial contra el 63,6% del resto del territorio. Los números explican por sí mismos la necesidad del Panal de encontrarle la vuelta al problema que lidera todos los reclamos de la gente. Lo presentado ayer busca hacer confluir las dos grandes patas de lucha contra el delito penal: la policía y el Ministerio Público Fiscal, en un modelo que apuesta a ser superador del de las unidades judiciales en el interior de las comisarías.

Pese a que el programa anunciado ayer está pensado para la ciudad de Córdoba, la ausencia del intendente de Daniel Passerini fue uno de los datos políticos de la jornada. El intendente suele ser presencia habitual en todos los eventos de gestión en Capital organizados por el Panal, pero en el entorno del gobernador empiezan a hablar de que tiene que ser el propio jefe del Ejecutivo provincial quien capitalice las buenas noticias de la ciudad más importante de la provincia, la que le dio el triunfo electoral en 2023 y de donde tendrán que salir gran parte de los votos para su intento de reelección en 2027.

Passerini viene de perder al secretario de seguridad Claudio Vignetta, al que el llaryorismo le reprochaba los malos resultados de las guardias urbanas y la mala relación con la Policía provincial. Los organizadores del acto de ayer explicaron que el evento no era para intendentes, pero el vecinalista Fernando Rambaldi, el jefe comunal de La Calera, ciudad de Colón hasta donde se extendió uno de los nuevos distritos territoriales, dijo que sí fue invitado por el Gobierno, pero que no pudo asistir. 

El plan de seguridad apunta a acercar territorialmente a los efectores de seguridad y justicia: comisarios, fiscales y fuerzas de calle, con la conformación de 27 nuevos distritos (25 en Capital) que unificarán los límites jurisdiccionales de los CAP (Comandos de Acción Preventiva), de las comisarías, las fiscalías y las unidades judiciales. A cada distrito le corresponderá un fiscal y un comisario fijo. La idea que subyace es que los distritos y sus responsables “compitan” en eficiencia en el control del delito en la zona en la que estén destinados. Hasta ahora, los distritos eran 13 y las subdirecciones de la policía de Capital, dos: Norte y Sur. Con la nueva modalidad, los distritos serán 27 y habrá cinco subdirecciones generales, centro, sur, norte, este y oeste. Con respecto al perímetro y ubicación de los distritos, se jugó con una fórmula que combina cantidad de habitantes y demanda (cantidad de delitos). “Sacude una estructura de treinta años”, indicó un funcionario que estuvo en el armado, olvidando tal vez que durante el gobierno de Juan Schiaretti se probó en Capital con el esquema de cuadrantes como novedad para detectar delitos y demanda.

Más desagregado, más subdividido el sistema, y se supone que con más control, van a quedar más expuestos éxitos y fracasos en el territorio porque el éjido de acción de cada equipo será fijo. 

“Necesitamos que el vecino sepa quién es el comisario y quién es el fiscal en su barrio”, expresó Llaryora en el acto de presentación que se hizo ayer en el Panal junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de Justicia y Trabajo, Julián Lopez, y de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, el fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, y el comisario general Leonardo Gutierrez, más autoridades del Ejecutivo y de la fuerza policial. “Sabemos que son cambios profundos, que llevan tiempo. Y como todo cambio, va a dar buenos resultados”, subrayó el jefe del Panal. Según Quinteros, el punto de largada fue ayer a las 7 de la mañana. No todos los fiscales están designados aún. El Consejo de la  Magistratura tomó examen el propio domingo a los aspirantes para cubrir las fiscalías de barrio Santa Isabel, Malvinas Argentinas, Los Boulevares, y Sierras Chicas y Río Primero fuera del éjido municipal. 

“Tenemos que enfrentarnos continuamente a la delincuencia y hacer un cambio de paradigma. Los delincuentes son los que tienen que estar tras la reja y no los vecinos, porque tienen miedo de salir a la calle o a la plaza”, dijo el mandatario, en línea con el mensaje nacional que dice que “los buenos son los de azul”.  Llaryora fue moderado en señalar la situación social de origen nacional y los nuevos desocupados como causantes de los hechos de inseguridad para los cuales, dicen en el entorno del sanfrancisqueño, “se viene haciendo de todo”. Habló del contexto social, que obviamente remite al gobierno de Javier Milei, pero no mencionó al presidente ni lo inculpó. Al contrario, sostuvo que no es excusa para quedarse con los brazos caídos ni permitir que los vecinos estén tras las rejas, en lugar de los delincuentes.