Parte 3/3
Ediciones Especiales08 de mayo de 2025 Daniel Alvarez Soza
Por Daniel Alvarez Soza
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Doctor en Ciencia Política
El 14 de agosto el Senador Adonis Sepúlveda, Subsecretario General del Partido Socialista, declaraba que “no hubo insubordinación, ni amotinamiento, ni cosa que se le parezca, en los sucesos ocurridos en algunas reparticiones de la Armada Nacional, el mes recién pasado, sino que más bien lo que si existía, era un estado de efervescencia por la situación económica por que atraviesa la marinería” (900).
El 22 de agosto el diario “El Mercurio” comenzó a informar de un espectacular resultado en las investigaciones realizadas con motivo de los hechos relatados, pues las declaraciones de los detenidos en el complot de la Armada comprometían a los Secretarios Generales del Partido Socialista y del MAPU: el senador Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón, respectivamente. La prensa advertía, también, que la Fiscalía Naval, encargada de sustanciar el proceso, había ordenado la detención de Miguel Enríquez y solicitaría en los próximos días el desafuero de los dos parlamentarios de gobierno.
La respuesta del Partido Socialista fue la presentación de querellas criminales en contra del Presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa; y del director y subdirector de “El Mercurio”, a quienes se sindicaba como responsables de esta calumniosa información. El partido Socialista, en declaración oficial, fechada el 25 de agosto, se refería a ellos en los siguientes términos: “una de las tácticas políticas más miserables de los reaccionarios es la de fabricar ciertas falsas imágenes y, mediante una costosa manipulación publicitaria, convencer mañosamente a vastos sectores de que son verdaderas…Unos y otros (se refiere al senador Jarpa y al director y subdirector del “Mercurio”), a través de la cadena mercurial y en “Tribuna”, vocero oficial del Partido Nacional, inventaron a nuestro Secretario General una supuesta implicancia en un presunto motín o sedición de suboficiales, clases y marineros de la Armada. Este imaginario delito ha significado torturas increíbles contra un grupo de efectivos de esa institución, a los cuales el Partido Socialista manifiesta públicamente su solidaridad, así como su repudio por los deplorables métodos utilizados en el curso de este proceso, cuyo desenlace aún no se conoce…No obstante la invalidez originaria de las imputaciones proclamadas por estos tres personeros reaccionarios, ha trascendido la eventualidad de una demanda judicial contra nuestro Secretario General, en el contexto que orientan delictualmente Jarpa, Silva Espejo y Fontaine Aldunate” (1).
En los días siguientes los Diarios de Gobierno desataron una campaña de prensa y de agitación tendiente a denunciar que los marineros detenidos habían sido objeto de torturas.
El 30 de agosto, el Juez Naval, Vicealmirante José Toribio Merino, presentaba a la Corte de Apelaciones de Valparaíso una petición de desafuero en contra de los parlamentarios Altamirano y Garretón.
El 4 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la Unidad Popular, organismo coordinador de todos los Partidos de Gobierno, entregaba una declaración pública en que expresaba “su solidaridad con los marinos y suboficiales procesados cuya única actitud fue defender la Constitución y la ley y rechazar a quienes pretendieron comprometer a la Armada en el golpismo…entregar su más amplio respaldo a los compañeros Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, Oscar Garretón, Secretario General del Partido MAPU, y Miguel Enríquez, a quienes se pretende implicar en una supuesta subversión”. (2)
El 5 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a petición de los abogados de Altamirano y Garretón, aceptaba postergar el conocimiento de la solicitud de desafuero de los dos parlamentarios hasta una nueva audiencia que se fijaba para el día 12 de septiembre de 1973.
La declaración de todos los Partidos de Gobierno respaldando a los marineros y dirigentes políticos comprometidos en la sublevación de la Armada era un hecho de la más extrema gravedad y ciertamente comprometía la ya cada vez más precaria estabilidad del sistema político. El 6 de septiembre Salvador Allende entregó a la publicidad una cauta declaración que era demostrativa de la muy escasa movilidad a que lo había reducido el delirio extremista de la combinación de Gobierno que tenía por principal impulsor al Secretario General de su propio
Partido. En sus aspectos fundamentales ella decía lo siguiente: “el Presidente de la República pidió al Comité Político del Partido Federado de la Unidad Popular un pronunciamiento sobre un comunicado de un órgano de esta colectividad, que él rechazaba, referente a los procesos que se instruyen por los Tribunales de la Armada…sobre el particular, el Partido Federado de la Unidad Popular no tiene los alcances que le han dado algunos sectores en el sentido que implicaría un apoyo a los actos subversivos de la Armada. A este respecto el Presidente declara:…El gobierno, de acuerdo a su conducta invariable de respeto al Estado de Derecho, no puede ni debe emitir juicio alguno sobre los hechos que se investigan y que se encuentran en estado de tramitación…Si hay culpables de torturas serán sancionados; en caso contrario, serán castigados los que se hayan hecho responsable de imputaciones sin fundamento” (3).
El 9 de septiembre, al clausurar el Pleno del Partido Socialista, el Secretario General de ese Partido (Carlos Altamirano) declaraba que concurrió “a una reunión a la cual fui invitado para escuchar las denuncias de un suboficial y de algunos marineros, en contra de actos subversivos perpetrados supuestamente por oficiales de esa institución armada y concurriré todas las veces que me inviten para denunciar acciones contra el Gobierno constitucional de Salvador Allende…el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe; no se ataja conciliando con los sediciosos. No se combate con diálogos el golpe, sino con la fuerza del pueblo, de sus cordones industriales, sus consejos campesinos, su organización. Y la guerra civil se ataca creando un verdadero poder popular…En esta hora es más que nunca necesaria la unidad para defender el programa de la UP, que dice que las transformaciones sólo se podrán hacer si el pueblo toma el poder. El Partido Socialista exige lealtad al programa. El primer capítulo del programa se llama “poder popular”. No es un título acuñado en el momento. Exigimos lealtad al Gobierno que debe cumplir ese programa. En esas condiciones el Partido Socialista le entregará toda su inmensa capacidad combativa al Gobierno. Estamos seguros que el camarada Allende, que es un símbolo en todo el mundo, jamás dejará de cumplir con su palabra y estará con los trabajadores” (4).
Plan Zeta.
Según las autoridades militares habría sido una planificación perpetrada por sectores de la extrema izquierda y apoyada por subversivos extranjeros, particularmente por guerrilleros cubanos; dicha operación, según el “Libro Blanco de cambio del gobierno en Chile” habría consistido en un:
“Plan, que incluía las siguientes fases:
1.- Iniciación de Golpe de Estado para conquistar el poder total e imponer la Dictadura del Proletariado contra la acción de una parte o la totalidad de las FF.AA. apoyada por grupos civiles.
2.-Muerte de Allende por atentado.
3.-Invasión externa con tolerancia o complicidad de FF.AA. internas o fuerzas civiles sediciosas.
En tanto que los “objetivos del plan contemplaban los siguientes puntos:
1.- Descabezar los Mandos Superiores y de las unidades de las FF.AA.
2.- Retención de unidades militares descabezadas en sus asientos en la capital y en provincias.
3.-Control de accesos camineros, ferroviarios y aéreos a Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.
4.-Cerco, hostigamiento y aniquilamiento de focos sediciosos y detención de los mismos” (5).
Sobre este plan, existen hasta hoy dudas en cuanto a su veracidad, particularmente por sectores de la izquierda, quienes aducen que la existencia de éste habría respondido a una operación planificada por las FF.AA como una forma de justificar el golpe militar y la posterior persecución de militantes izquierdistas, en tanto que el sector contrario, señala que ninguno de los actores proclives a la UP han sido capaces fehacientemente de demostrar que tal operación fue un engaño planificado por los sectores opositores a Salvador Allende.
Bibliografía
900.- Diario “Clarín”. 14 de agosto de 1973. Pág. 3.
901.- Declaración del Partido Socialista fechada el 25 de agosto de 1973 y publicada como inserción en los Diarios “El Siglo” y “La Nación” de 27 y 29 de agosto, respectivamente.
902.- Diario “La Nación”; 5 de septiembre de 1973. Pág. 6.
903.- Diario “La Nación”; 5 de septiembre de 1973. Pág. 29.
904.- Diario “La Nación”; 10 de septiembre de 1973. Pág. 6; Diario “Noticias de última Hora”; 10 de septiembre de 1973. Pág. 3.
905.- Libro Blanco. Del cambio de gobierno en Chile. Ob.cit. Pág. 54-55
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