Felipe Osman
Las bancadas opositoras en el Concejo Deliberante ensayan un movimiento conjunto para romper el bloqueo que el oficialismo les ha impuesto en las comisiones. Con las firmas de Elisa Caffaratti, Graciela Villata, Soher El Sukaría y Jessica Rovetto, presentaron una solicitud de “pronto tratamiento” ante el viceintendente Javier Pretto, denunciando lo que califican como “una parálisis deliberada” y una “vía de hecho administrativa” orientada a neutralizar la labor parlamentaria de los bloques minoritarios.
En concreto, acusan que 535 iniciativas ingresadas por la oposición permanecen “cajoneadas” en las comisiones, en virtud de una interpretación que desnaturaliza el espíritu del reglamento interno del cuerpo.
El artículo 94 del reglamento establece que los asuntos sometidos a cada comisión se despacharán “por orden de entrada, sin perjuicio de que la Comisión pueda disponer alterar dicho orden por razones de oportunidad”. El mismo artículo también dispone que “Todo asunto que no haya sido despachado en las sesiones ordinarias del año siguiente a aquel en que fue presentado pasará al archivo, debiendo iniciarse de nuevo si hubiese de ser considerado después del archivado”.
El señalamiento de los bloques minoritarios consiste en que el oficialismo utiliza de manera abusiva la facultad de alterar el orden de tratamiento por razones de oportunidad, no para guiar el debate hacia los asuntos más urgentes sino para silenciar a la oposición, convirtiendo en meramente testimonial su rol en el recinto.
Así, decenas de proyectos de ordenanzas, resoluciones y declaraciones formalmente presentados en Mesa de Entradas quedan suspendidos en un limbo burocrático indefinido, sin ser jamás incluidas en el orden del día de las comisiones, privándolas de fecha de debate, despacho o votación en el recinto.
Para las ediles denunciantes esta inactividad sistemática por parte del bloque mayoritario y las presidencias de comisión no constituye un simple retraso, sino una desviación de poder y un fraude al procedimiento legislativo. Sostienen que el resultado práctico de esta omisión equivale a un rechazo anticipado, pero operado de forma subrepticia para eludir el control institucional y evitar que la voluntad deliberativa del cuerpo se exprese.
Desde una perspectiva jurídica, la presentación fundamenta el reclamo en el quebrantamiento del referido artículo 94, que impone un orden estricto de despacho para los expedientes. Asimismo, las concejalas de la oposición advierten una flagrante vulneración de los principios republicanos, democráticos y de representación proporcional consagrados en la Constitución Provincial y en la Carta Orgánica Municipal. Junto a la violación de los principios de eficacia, celeridad y buena administración previstos en la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo.
El escrito exige la inmediata inclusión de los expedientes en las agendas de debate de las comisiones y concluye con una expresa reserva de accionar judicial por la vía del amparo o del contencioso-administrativo si persiste la negativa institucional.
En rigor, este es quizá el apartado de mayor interés. Aunque debiera, el bloqueo de las iniciativas opositoras en las cámaras legislativas no suscita demasiado interés. Judicializar el asunto, en cambio, sí podría hacerlo.
Atado a los plazos legales, el conflicto promete -si es sostenido por la oposición- un desarrollo dilatado en el tiempo. Y su evolución dependerá, seguramente, de la vía que la oposición consiga activar. Si encara el tema como una violación al procedimiento administrativo que desemboque en las cámaras contenciosas será difícil que la Justicia decida inmiscuirse en el funcionamiento del Legislativo Municipal.
Si, en cambio, consiguiera plantear un conflicto interno de atribuciones, con competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia, allí ya no se discutiría la demora de un trámite, sino la mutilación de las facultades constitucionales de la minoría, y el foco sobre el asunto sería mucho mayor.
