Felipe Osman
Por Felipe Osman
Acorralada por la realidad, la Municipalidad decidió, finalmente, entrar en tratativas con Uber (y las demás plataformas) para llevar adelante una regulación razonable de las aplicaciones de transporte que no las desnaturalice por completo y deje a los vecinos sin la alternativa que han elegido para movilizarse.
En el Palacio 6 de Julio, donde se ufanan de respetar los fallos judiciales, durmieron más de cuatro años la regulación del servicio. El reciente fallo del Tribunal Superior la Justicia, que tampoco se caracteriza por su agilidad, llegó después de que la Municipalidad hiciera caso omiso de la orden que le había impartido la Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación de suplir la “omisión constitucional reglamentaria” que implicaba no regular el ejercicio de una actividad privada lícita.
Para evitar hacerlo, los abogados del municipio alegaban que la modalidad de transporte por vehículos de alquiler estaba regulada en la ordenanza de taxis y remis, y que cualquier modalidad que no se allanara a esos condicionamientos estaba, por lo tanto, prohibida.
Jurídicamente, ambas posiciones resultaban defendibles. El problema es que el asunto jamás fue jurídico.
De hecho, en el fallo, el Tribunal Superior apunta que la tipificación de una prestación como servicio público no está atada a otra consideración que una decisión política, no sólo porque es el Legislativo el que tiene que tomar esa decisión, sino porque entran a jugar factores que nada tienen que ver con una discusión legal.
“Plantear la discusión en torno a si la actividad realizada por Uber constituye, o no, un servicio público -explica el T.S.J.- implica (…) desconocer que (…) la actividad que puede ser calificada como tal cambia al compás de la vida social, porque responde al entendimiento de la relación que exista entre Estado y sociedad en un momento histórico determinado, encontrándose fuertemente influenciada por las necesidades y las políticas económicas latentes en cada época”.
Ahora bien, después de todo ese tiempo, lo que finalmente torció la voluntad del oficialismo -que intentó desvirtuar la letra de aquel fallo para equiparar las plataformas digitales de transporte a la regulación de taxis y remis, tomando por resolución de fondo lo que apenas fue la variación en el contenido de una cautelar- fue la política.
Uber mostró los dientes. Lanzó una agresiva campaña publicitaria contándole a los vecinos cómo repercutiría en los costos y demora del servicio la regulación que la Municipalidad esperaba sancionar. Y como la coartada de invocar, falsamente, el fallo del T.S.J. se empezó a desdibujar ante la opinión pública, decidió poner en pausa la sanción de la ordenanza.
El proyecto volvió a comisión con preferencia de tres sesiones. Es decir, volverá a discutirse -en principio- en tres semanas. Mientras tanto, representantes del Palacio 6 de Julio y concejales de los distintos bloques políticos encaran reuniones con emisarios de Uber. Las principales modificaciones que esperan las plataformas es desarticular el cupo de 4.000 autos que prevé el despacho aprobado en comisión y conseguir que los vehículos que puedan funcionar en la ciudad no estén limitados a los 10 años de antigüedad.
La judicialización del asunto promovida por el municipio sirvió, a final de cuentas, sólo para lastrar el avance de un cambio respaldado en la decisión de los vecinos. Como si la función del municipio no fuera acompañar esos cambios, sino operar exclusas para detenerlo, para dificultarlo o, llego el caso, para sacar de él tajada.
