Frente de tormenta sindical; Passerini busca capear el temporal

Por Felipe Osman

Los emisarios del Palacio 6 de Julio asistieron ayer a una nueva audiencia con los representantes del Suoem, en las oficinas del ministerio de Trabajo. Al cabo de esa reunión, que tuvo lugar en la última jornada de una conciliación obligatoria que ocupó 25 días hábiles, las partes no llegaron a un acuerdo, pero el sindicato aceptó prorrogar la tregua por otras 24 horas, término en el cual la Municipalidad formalizará una oferta concreta para el gremio, que decidirá entonces si acepta o vuelve al conflicto.

Las negociaciones entre las partes se dan, como de costumbre, en gran hermetismo. Pero desde el municipio aseguran que en las últimas semanas las distancias se han acortado mucho y confían en alcanzar un acuerdo en el corto plazo. Y ciertamente hay algunos indicios que se pueden observar incluso desde la distancia.

El gremio no sólo ha acatado la conciliación obligatoria que, en su momento, puso en duda acatar. Sino que además ha depuesto sus intentos de atacar a la gestión en términos estrictamente políticos, como supo hacerlo sobre el inicio de la tregua impuesta por Trabajo, cargando contra el Ente de Fiscalización y Control y contra el propio intendente.

Por otro lado -señalan algunos baqueanos del Suoem-, no es nada fácil sacar a las reparticiones a la calle después de un letargo de casi 40 días. Las bases no se movilizan de un día para el otro, y el presunto plan de provincialización del conflicto del Suoem ya cayó al vacío. En retrospectiva, nunca tuvo chances serias. El ministerio de Trabajo puede administrar el tiempo en el que dicta las conciliaciones obligatorias en cada distrito y así, no le resulta difícil descoordinar los movimientos del gremio.

Cuando el conflicto comenzó, las posiciones eran muy lejanas, e incluso a principios de junio, durante las primeras reuniones en Trabajo, Rubén Daniele destacaba que los municipales corrían entre 19 y 20 puntos por detrás de la inflación, número que ahora debería haberse ampliado en otro 3,1 por ciento si se suman los índices de mayo y junio, publicados a mediados de junio y julio.

La Municipalidad, que viene cuidando con celo sus recursos, también necesita desactivar el conflicto. La campaña cada vez está más cerca, y si el peronismo quiere contar con su jugador estrella en la boleta, el escenario debe empezar a ordenarse, para que las protestas no interfieran.

Hasta aquí, el Palacio 6 de Julio ya consiguió postergar la firma de un acuerdo incluso más de lo que se había propuesto en un inicio, cuándo hablaba de sentarse a negociar a principios de julio. Ahora necesita despejar la mesa.

Sobre todo, porque el conflicto municipal no es el único desafío que enfrenta la gestión municipal. El Surrbac ya ha mostrado los dientes y, aunque también corre para él una conciliación obligatoria, dispuesta hace apenas una semana, la definición que hasta ahora comparte el sindicato es que las negociaciones empezarán en agosto.

El Surrbac no es el Suoem. El sindicato municipal conserva un poder casi simbólico. Con las Áreas Operativas desconcentradas, la mayoría de las reparticiones afuera del Palacio 6 de Julio y el avance en la digitalización de algunos trámites, el Suoem puede cortar calles, pero no puede parar la ciudad.

Al Surrbac, por su parte, le sobran 48 horas para que la ciudad quede tapada de basura. El margen de negociación que existe con los municipales no es siquiera imaginable con los recolectores. Ellos sí son esenciales.

En paralelo, la Municipalidad también tiene que lidiar con otro tema que, sin esa urgencia, cada vez ocupa más a los funcionarios de Passerini: Uber. 

La empresa líder en el mercado de las Apps de transporte lanzó, días atrás, una agresiva campaña de comunicación buscando endosarle al municipio el costo político de que el servicio que ofrecen empeore y se encarezca si se mantiene la idea de avanzar en la regulación que impulsa el oficialismo en el Concejo Deliberante. A diferencia de antes, ahora sus representantes sí están dispuestos a negociar.

El problema, que data de tiempos de Ramón Mestre, y que atravesó toda la gestión de Martín Llaryora, ya no duerme más en la Justicia. Ahora necesita una solución definitiva, y le toca a Passerini dársela.