Francisco Lopez Giorcelli
Por: Francisco Lopez Giorcelli
La crisis entre el sistema universitario y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo judicial. Tras semanas de advertencias y movilizaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió acudir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero suspendida en su aplicación por decisión del propio presidente Javier Milei.
La decisión de las universidades llega en un momento político clave. En la antesala de las elecciones legislativas de este domingo, el conflicto educativo se convierte en un factor de desgaste para la Casa Rosada. En Córdoba, la movida judicial tiene un eco político particular: el reclamo es respaldado por todos los sectores que defendieron la sanción de la ley —el schiarettismo, el llaryorismo, Natalia de La Sota y una fracción de la UCR liderada por Franja Morada y Ramón Mestre—, mientras que el PRO cordobés y La Libertad Avanza insisten en minimizar su importancia, a pesar de los beneficios concretos que la norma traería a la provincia.
Según el comunicado oficial de la Universidad Nacional de Córdoba, las instituciones que integran el sistema público “decidieron promover acciones judiciales para exigir el cumplimiento efectivo de la ley, ya que el decreto presidencial que la promulgó suspende materialmente su aplicación y vulnera la decisión soberana del Congreso de la Nación”. Desde la UNC señalaron que la medida “se enmarca en la defensa del derecho a la educación superior, la autonomía universitaria y la preservación de la institucionalidad democrática”.
El plenario del CIN, integrado por rectores y rectoras de las 61 universidades nacionales, resolvió la presentación por unanimidad. En el texto del acuerdo se destaca que “el Poder Ejecutivo optó por no cumplir una ley vigente, con un artilugio administrativo que posterga derechos y agrava el deterioro del sistema universitario público”. En declaraciones a La Nación, fuentes del CIN fueron contundentes: “Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo que niega con artilugios lo que la ley dispone”.
La Ley 27.795, aprobada con apoyo transversal en ambas cámaras, establece un esquema de financiamiento sostenido para las universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y un fondo específico para infraestructura y becas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que su cumplimiento implicaría un costo fiscal de 1,96 billones de pesos en 2025, lo que representa apenas el 0,23 % del PBI. En términos prácticos, una inversión menor dentro del presupuesto nacional, pero clave para garantizar la continuidad académica y salarial de un sistema que atraviesa su crisis más prolongada desde 2001.
El conflicto excede la cuestión presupuestaria. Desde la promulgación de la ley, Milei firmó un decreto que suspende su aplicación “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”. Esa maniobra fue interpretada por las universidades como un acto de veto encubierto, y por buena parte de la dirigencia política como una violación del principio republicano de división de poderes. El CIN advierte que “no existe impedimento legal ni financiero que justifique la inacción del Ejecutivo” y que el sistema universitario no puede ser rehén de una decisión administrativa.
En Córdoba, la respuesta institucional fue inmediata. La UNC, protagonista de la Marcha Federal Universitaria y de los reclamos salariales recientes, anunció su adhesión plena a la acción judicial. El rector Jhon Boretto, uno de los principales promotores del consenso en el CIN, sostuvo que “la defensa del financiamiento universitario es también una defensa de la democracia, de la autonomía institucional y del federalismo educativo”.
El respaldo político provincial no tardó en manifestarse. El gobernador Martín Llaryora expresó su apoyo al reclamo y reivindicó “la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con una ley que beneficia al país y en especial a Córdoba, donde la educación pública es parte de la identidad provincial”. Su antecesor, Juan Schiaretti, y la diputada Natalia de La Sota también se pronunciaron en la misma línea, recordando que la norma fue impulsada por legisladores de distintos bloques, incluidos los del cordobesismo.
Dentro de la oposición tradicional, una parte de la UCR —vinculada a la histórica Franja Morada y al ex intendente Ramón Mestre— también acompañó la ley y ahora respalda el reclamo judicial. Desde ese sector se insiste en que el financiamiento universitario “no es un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo del país y la provincia”.
Del otro lado, los referentes locales de La Libertad Avanza y del PRO cordobés mantienen una postura distante. Algunos dirigentes libertarios sostienen que “no hay margen fiscal para cumplir una ley de ese costo”, mientras que otros, en privado, reconocen que el tema les incomoda electoralmente. Córdoba es una provincia universitaria por excelencia: su sistema público —con la UNC, la UTN, las universidades de Villa María y Río Cuarto— emplea a miles de docentes y no docentes y moviliza a más de 250 mil estudiantes. La indiferencia hacia una norma que los beneficia tiene costo político, y los operadores locales lo saben.
En este contexto, la judicialización del reclamo adquiere valor simbólico y estratégico. Por un lado, permite a las universidades mantener viva la presión social y mediática sobre el Gobierno Nacional; por otro, habilita a la dirigencia cordobesa a marcar diferencias frente al oficialismo libertario. El llaryorismo aprovecha el tema para fortalecer su perfil moderado: diálogo, previsibilidad y defensa del federalismo frente al centralismo porteño.
La disputa por la ley de financiamiento universitario también reordena a la oposición nacional. En un momento en que Milei necesita mostrar autoridad, verse enfrentado a las universidades —una de las instituciones con mayor legitimidad social— lo coloca en una posición incómoda. El riesgo de que la justicia falle en contra del Ejecutivo o de que la presión política se traduzca en nuevos paros universitarios amenaza con erosionar aún más su capital político.
Las federaciones docentes y no docentes, que ya anunciaron medidas de fuerza, se sumarán a la acción judicial. ADIUC, el gremio cordobés, confirmó su participación y advirtió que “el incumplimiento de la ley afecta directamente las condiciones laborales de los trabajadores y el derecho al estudio de miles de jóvenes”.
El escenario cordobés vuelve a ser una síntesis del país: una universidad centenaria que encarna la historia de la reforma, un gobierno provincial que busca diferenciarse del libertarismo, una oposición dividida entre el pragmatismo y la ortodoxia fiscal, y un Gobierno Nacional que insiste en sostener su ajuste a cualquier costo. La pregunta es cuánto más puede tensarse esa cuerda sin romper el delicado equilibrio político que sostiene al oficialismo.
Mientras tanto, el reclamo judicial ya está en marcha. Las universidades presentarán su demanda en los próximos días ante la justicia federal, acompañadas por los gremios docentes y el respaldo político de amplios sectores. En Córdoba, la jugada no pasa inadvertida: el conflicto universitario no sólo interpela a Milei, sino también a quienes, desde la provincia, deberán explicar de qué lado de la historia deciden quedar.
